Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Rogelio Eduardo Ramírez de la O rindió protesta como secretario de Hacienda y Crédito Público, luego de que fue ratificado su nombramiento por 319 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones, en la sesión presencial del Primer Periodo Extraordinario.

“Esta Comisión considera adecuada la ratificación del nombramiento propuesto por el titular del Ejecutivo Federal. Se evidencia que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo de secretario de Hacienda, en virtud de su trayectoria comprobada, así como de contar con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones del puesto encomendado”

Los legisladores de Acción Nacional y el PRD emitieron sus votos en contra, mientras los diputados del PRI manifestaron su voto de forma positiva.

Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le tomó protesta para desempeñar el cargo; facultad exclusiva de la Cámara de Diputados ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda.

Rogelio Eduardo Ramírez de la O cumple con los requisitos de ser mexicano de nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos, para ejercer funciones como secretario de despacho.

Además, se comprobó que Ramírez de la O no está inhabilitado para ser funcionario público.

Cuenta con la formación académica y experiencia profesional adecuada para realizar las funciones que se establecen en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre las que se encuentran: coordinar y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional de Desarrollo.

También, proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal; la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal; manejar la deuda pública; establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal; vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, y organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección.