Durante los días 6 y 7 de junio, la ciudad de Los Ángeles fue escenario de redadas migratorias a gran escala ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en colaboración con otras agencias federales. Las acciones se concentraron en zonas de alta densidad de población latina y apuntaron principalmente a centros de trabajo; sin embargo, también se reportaron operativos en las cercanías de escuelas y espacios comunitarios.
El viernes 6, el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, confirmó la detención de al menos 44 personas, 11 de ellas mexicanas. Organizaciones civiles estiman que la cifra podría ser mayor. Estas acciones desataron protestas en distintos puntos de la ciudad y llevaron al gobierno mexicano a emitir un llamado urgente a garantizar el debido proceso.
Ante las manifestaciones, el gobierno estadounidense desplegó dos mil elementos de la Guardia Nacional. Las autoridades recurrieron al uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Se reportaron enfrentamientos, detenciones de activistas y restricciones al acceso de abogados a los centros de detención.
“Un operativo sin precedentes”
Para la experta, Silvia Núñez García del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM y exdirectora de la sede universitaria en Los Ángeles, las redadas deben interpretarse como parte de una estrategia federal de control migratorio con motivaciones políticas evidentes.
“Lo que estamos presenciando en California va directo al corazón del problema: mostrar que el presidente Trump tiene el carácter para implementar medidas de control absoluto sobre la migración irregular”, afirma. Núñez subraya que la dimensión demográfica de California —con más de 10 millones de inmigrantes internacionales y 1.8 millones de personas en situación irregular— convierte al estado en un territorio simbólicamente clave.
La especialista advierte que la militarización de las redadas y la permanencia de la Guardia Nacional durante un periodo anunciado de 30 días “es verdaderamente inédito en la historia reciente de Estados Unidos”. Esta situación, señala, profundiza la criminalización de la migración y busca enviar un mensaje a otras entidades con políticas similares a las de California: “Si protegen a los migrantes, pueden enfrentarse a consecuencias semejantes”.
Efectos psicosociales y límites consulares
Los efectos de los operativos no se limitan a detenciones. “El impacto psicosocial en las familias mexicanas es descomunal”, advierte Núñez. “Muchas comunidades están paralizadas por el miedo. Hay quienes piensan en regresar a México, mientras otros tratan de resistir bajo una presión constante”.
Aunque el consulado mexicano activó líneas de emergencia y reforzó la asesoría jurídica, los retos son considerables ante la magnitud del fenómeno. La especialista destacó la importancia de fortalecer el trabajo coordinado entre autoridades, comunidad migrante y redes civiles para ofrecer respuestas más ágiles y efectivas en contextos de emergencia.
El fenómeno como migración forzada
Desde el ámbito académico, investigadoras e investigadores de la UNAM han advertido que las redadas deben analizarse como parte de un fenómeno más amplio de migración forzada. Factores como la violencia estructural, la precariedad económica y la persecución política en los países de origen contribuyen a que miles de personas opten por cruzar fronteras en busca de seguridad y oportunidades.
En palabras Núñez, “nos pesa enormemente la indefensión de familias enteras que están padeciendo la detención de alguno de sus miembros sin saber qué ocurrirá con ellos”. A su juicio, la situación exige un fortalecimiento de las alianzas entre instituciones académicas, liderazgos comunitarios y redes binacionales que puedan articular respuestas más sólidas ante emergencias de esta naturaleza.
El compromiso universitario
La UNAM ha consolidado una presencia académica y humanitaria en el estudio de las migraciones. A través de espacios como el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER), el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Nacional genera conocimiento desde enfoques interdisciplinarios y con impacto directo en políticas públicas.
La iniciativa UNAM, Acción Migrante brinda orientación jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento a distancia a migrantes mexicanos en Estados Unidos, articulándose con la red consular y las cinco sedes universitarias en el país vecino.
Para Núñez, “no basta con escribir desde el cubículo. Necesitamos más trabajo de campo, más alianzas estratégicas con universidades de California y una agenda binacional que no dependa solo de los gobiernos, sino de la sociedad civil y la academia”.
