Alejandro Envila Fisher
La tómbola del Senado es la expresión más desafortunada que hasta hoy se haya visto del proceso de cambio político en el país, no por el cambio en sí mismo, sino por la forma en que se moldea ésta parte de la transformación. Someter a rifa algo tan delicado como las posiciones de jueces que quedarán vacantes describe la poca seriedad con que se ha operado un cambio fundamental. Seguro existen jueces que no deberían estar en un Juzgado de Distrito, por incapacidad o falta de probidad, pero una tómbola nunca detectará a los menos aptos ni a los deshonestos. Por el contrario, la tómbola es una opción de impunidad y permanencia para quienes deberían salir, pues evita que su continuidad o relevo sean decididos por exámenes de conocimientos y controles de confianza. Una tómbola echa a la suerte lo que debería ser motivo de evaluación y, por lo tanto, sus resultados son de absoluta incertidumbre.
Sin embargo las cosas son como son, no como deberían ser. A partir de la realidad que se vive hoy, es indispensable tomar decisiones para, o quedarse en el camino del lamento por lo que otros hacen mal, o buscar la forma corregir errores con la participación en un proceso que no ofrece certeza y sí mucha desconfianza, pero que avanza sin la participación de quienes piensan diferente al régimen y podrían tratar de equilibrarlo. Cualquiera que analice de forma objetiva lo que ocurre encontraría razones de sobra para cuestionar y descalificar la reconstrucción apresurada, sin planos ni cálculos relacionados con la justicia, de la nueva judicatura. Para muchas y muchos, entre ellos juzgadoras y jueces cesados por el capricho y la tómbola, participar implica admitir la victoria de la sinrazón y la derrota del imperio de la ley. Es difícil argumentar contra esas posturas, pero si algo deberían haber aprendido los operadores jurídicos de hoy, es que vivir en el castillo de la falsa pureza donde por décadas se encerraron ministros y magistrados ha sido un enorme error.
No sólo son el capricho y la ambición concentradora de poder del expresidente López Obrador los que han causado la crisis constitucional. La absoluta falta de pericia, sagacidad y visión de la ministra Norma Piña y su corte de consejeros, porque operadores no tiene, también son responsables del delicado momento que vive el país. Es ridículo creer, como creyeron varios ministros de la Corte a diferencia de Juan Luis González Alcántara, que la realidad los esperaría a que decidieran aprender el valor de la política y la comunicación como herramientas para construir legitimidad.
Ante el cambio de régimen, la disyuntiva para el gremio jurídico está en decidirse a participar en la formación de un nuevo Poder Judicial, plagada de defectos e inconsistencias, cimentada en la violación al principio de autonomía de la función jurisdiccional, y en la conculcación de los derechos humanos de los juzgadores cesados, pero al parecer inevitable; o replegarse para, amparado en la decepción y el enojo, dedicarse solo a criticar y sufrir el nuevo modelo, sin siquiera tratar de ser parte de su integración y conducción.
Dar un paso atrás y dejar todo en manos de lo que aprueben Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, por encargo de López Obrador, tendría las consecuencias que los análisis más castrofistas ya han anticipado.
Morena participará en la elección desde el gobierno. Eso también es un hecho. En contraste, aunque hay un movimiento social que ha mostrado músculo y decisión para manifestar su rechazo al sentido de la reforma, no se ve quién o quienes, de todos los que la han criticado, se alisten para competir por los cargos que estarán en juego y combatir la partidización de la justicia, desde dentro del que será el nuevo Poder Judicial.
Las barras de abogados, la academia, los jueces y magistrados, podría estar pensando en términos de real politik, no como los ministros de la Corte, para conducir toda esa oposición hacia el apoyo de candidaturas solidas para convertirse en juzgadores, pero eso no ha ocurrido.
Hasta este momento solo se conoce la decisión de Roberto Gil Zuath, el abogado calderonista ex panista, de participar para buscar un lugar en la nueva Corte, pero la oposición partidista está liquidada y su desprestigio es tal, que competir vinculado al PAN y el PRI, con Marko Cortés, Jorge Romero o Alejandro Moreno como padrinos, sería garantía de fracaso. Gil Zuarth y cualquier otro que decida participar en el proceso por fuera de Morena, deberá medir bien ese factor.
