La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, particularmente en lo relacionado al título tercero y su reglamentación que rige al mercado de combustibles, tiene la lógica de devolver mercado a Petróleos Mexicanos (Pemex) que según cifras de la Secretaría de Energía se ha perdido 49% en el caso de la importación de diésel, una tercera parte en la importación de gasolina regular y 37% de las estaciones de servicio gasolinero, que ahora realizan privados.
Según la Secretaria de Energía, que es quien otorga los permisos de importación de combustibles desde que se liberó esta actividad en 2016, la importación de diésel de ultra bajo azufre en marzo fue de 71,070 barriles diarios por parte de 13 privados, cuando Pemex importó 74,630 barriles por día. Lo anterior significa que en sólo cinco años de liberación de esta actividad, el sector privado ha quitado a Pemex el 49% del mercado que asciende a un volumen total de 145,700 barriles diarios.
La Secretaría de Energía expuso también que mientras Pemex importó 244,000 barriles diarios de gasolina regular conforme a los datos actualizados al 16 de marzo de este año, entre 14 privados importaron 106,670 barriles por día, es decir, un volumen total de 350,670 barriles por día de los cuales el 30% ya correspondió a operadores privados.
Pero en el caso de la gasolina Premium, la importación por parte de cinco privados fue de 3,650 barriles diarios, cuando Pemex importó 31,380 barriles por día, con lo que del volumen total de importaciones de 35,030 barriles diarios, el 10.4% correspondió a privados.
Finalmente, la importación de turbosina por parte de tres privados ascendió a 5,600 barriles diarios, cuando Pemex importó 15,830 barriles por día, con lo que del volumen total de 21,430 barriles diarios, el 26% correspondió a privados.
La dependencia dirigida por Rocío Nahle ha repetido que el otorgamiento excesivo de permisos ha provocado distorsiones y prácticas ilegales en el mercado, como la venta de combustible ilícito bajo el amparo de un permiso de importación. Al 28 de febrero se reportó un total de 70 permisos para importación de gasolinas y diésel vigentes en manos de privados, de los cuales 39 correspondieron a un año y 31 a permisos de 20 años.
En la misma fecha, Pemex reportó 3 permisos para importación con vigencia de un año y 10 para 20 años. En lo relativo a la turbosina, los privados reportaron un total de nueve permisos vigentes, mientras que Pemex reportó cinco.
“Dichas cifras contrastan con la cantidad de permisos para la importación de gasolinas y diésel otorgados durante la administración anterior. Al 23 de agosto de 2018, se encontraban vigentes un total de 1,068 permisos de importación de petrolíferos, de los cuales 542 correspondían a diésel, 440 a gasolinas y 86 a turbosina”, expuso la Secretaría de Energía en lo referente a lo que refirió como un abuso en el otorgamiento de permisos, que se dio en la apertura del sector.
Entre el 2011 y el 2018, las importaciones totales de gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo pasaron de 566,300 barriles por día a 997,300 barriles diarios, con un aumento de 76%, lo que explica el mercado que desea recuperar Pemex.
Menos franquicias
La pérdida del mercado de Pemex se refleja también en la comercialización al público de combustibles, ya que desde que se abrió el mercado de combustibles en 2016, los puntos de venta de la franquicia Pemex pasaron de 11,876 en 2016 a 7,468 en 2020, una reducción de 4,408 puntos de venta, el equivalente al 37% del mercado.
Al 31 de diciembre del 2020, la estatal reportó la operación de 7,468 estaciones de servicio bajo la Franquicia Pemex, lo que implicó una reducción de 13.1% respecto a las 8,593 del cuarto trimestre del año anterior. Al llegar al cierre del año, la estatal perdió 1,125 puntos de venta.
De acuerdo con información de Pemex, del total de estaciones de servicio que operan bajo la marca de la petrolera, 7,423 son privadas y operan como franquicias, mientras que los 45 restantes son propiedad de la Pemex Transformación Industrial.
Como justificación a los cambios, el ordenamiento diseñado por la Secretaría de Energía que presentó el primer mandatario expone que México es el país que más importa gasolinas en el mundo.
Por otro lado, la cantidad de litros no entregados a los consumidores por prácticas ilegales asciende a 1.736 millones de litros, que a un precio promedio de $19.32 por litro implicaría que las gasolineras que usan rastrillos para bajar el volumen están obteniendo ganancias de $33.539 millones, en lo respectivo a la problemática de la ilegalidad persistente de la venta de combustibles al público.
Respecto al contrabando, explicó que el SAT embargó en 18 meses 2.117 millones de litros de combustibles que iban a ingresar al país de contrabando desde Estados Unidos.
Reforma a la Ley de Hidrocarburos, para revocar permisos
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados una iniciativa para modificar seis Artículos de la Ley de Hidrocarburos que entró en vigor en 2015.
Contiene seis transitorios que involucran revocación de permisos para importación, distribución o comercialización de combustibles que no cuenten con almacenamiento, que pongan en riesgo la seguridad nacional y que sean reincidentes en conductas delictivas tanto de contrabando como de manipulaciones al volumen que se vende.
Los cambios más relevantes a los artículos 51, 53, 56, 57, 59 y 86 ordenan que los permisos para cualquier actividad estén sujetos a que se demuestre que se cuenta con el almacenamiento de cinco días en gasolina y diésel y 1.5 días en turbosina, pudiendo satisfacer 50% de este volumen arrendando otras terminales.
En la iniciativa resalta que se estableció como un sexto transitorio que a la entrada en vigor de la misma se revocarán los permisos sobre los que se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o infringen disposiciones.
En lugar del silencio administrativo que es considerado una afirmativa de hecho en el otorgamiento de un permiso si se retrasa, ahora se considere la negativa ficta. Con ello, el plazo para resolver algún permiso es el mismo para la autoridad que, si no resuelve, se entenderá que lo ha desechado.
Proyecto llega a Diputados
Iniciativa, para atacar ilegalidad: López Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso de la Unión reformar la Ley de Hidrocarburos para suspender o revocar permisos en caso de reincidencia en el incumpliendo legal en materia de hidrocarburos y petrolíferos.
De acuerdo con la iniciativa presentada de manera formal el pasado viernes a la Cámara de Diputados, los cambios tienen como propósito desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos y “reordenar diversas actividades económicas en el sector para combatir la corrupción, garantizar el abasto y proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado”.
A fin de elevar a rango legal las disposiciones de la Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos se propone establecer que los permisos que se otorguen a Petróleos Mexicanos (Pemex), a otras empresas productivas del Estado y a particulares estén sujetos a que el interesado demuestre contar con la capacidad de almacenamiento determinado por la Secretaría de Energía (Sener).
Así como introducir la negativa ficta en el procedimiento de trámite de permisos; la ley vigente prevé lo contrario; es decir que en el caso de la cesión de permisos si no hay respuesta de la autoridad competente en 90 días, esta se entenderá en sentido favorable.
En el artículo 56 se propone adicionar dos fracciones para precisar que la Sener y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán revocar los permisos en los casos en que se resuelva de manera firme por la autoridad competente la realización de actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos adquiridos de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando.
El proyecto sugiere enmendar cinco artículos e introducir uno nuevo, el 59 Bis, para ordenar que la Sener y la CRE podrán suspender los permisos expedidos cuando exista un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
El artículo tercero transitorio del proyecto presidencial refiere que todos los permisionarios que pudieran ser perjudicados en su esfera jurídica y derechos podrán solicitar el pago de sus afectaciones correspondientes.
Y el artículo cuarto precisa que la autoridad competente procederá a la revocación de los permisos que, el día que entre en vigor la reforma en ciernes, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría de Energía.
LRMAS/ELECONOMISTA
