Cada gobernante trataba de imprimir su sello personal al gobierno y promovía diversas reformas, especialmente al inicio de cada periodo en la administración pública. Eso sucede en los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. En sexenios anteriores era impensable tocar a fondo la estructura constitucional del gobierno más allá del histórico marco tradicional, con excepciones mínimas que poco alteraban la vida nacional. Por eso resaltan las iniciativas presidenciales de final del sexenio en manos de los legisladores federales que son de calado profundo y vale reconocerlas por su gran impacto en la estructura gubernamental y que aspiramos sean para bien de las mayorías.
Decir que la Administración Pública está en crisis no sería novedad, podríamos decir que siempre está en crisis, porque está en búsqueda de legitimidad y mejor capacidad de funcionamiento, precisamente por su reto de atender satisfactoriamente las demandas sociales, frente a su complicado aparato burocrático.
Hoy día el reto es mayor, por la competencia mundial, el realismo que reclamamos los ciudadanos, los desafíos de la era cibernética que avanza en un terreno desconocido, en el que lo imposible puede ser asequible. Se fracturan antiguos conceptos, postulados y axiomas que parecían indiscutibles desde hace muchos años, siglos podríamos reconocer.
Todo es incertidumbre ante lo novedoso y la velocidad de los cambios dejan pocos puntos de soporte tradicional, que ponen en juego su propia supervivencia. En esto se observa además la crisis del sistema de partidos, como intermediarios sociales, prácticamente desaparecidos por su incapacidad de generar valor a sus contribuciones. De forma similar los medios de comunicación y hasta los libros, corren el riesgo de reducir su impacto. Igualmente sucede a los organismos internacionales multilaterales.
Los cambios en el ámbito federal muestran a las administraciones locales casi incapaces para atender y resolver buena parte de los problemas y retos de las comunidades, no alcanzan a instalar estructuras y procedimientos para generar las soluciones que demandan los ciudadanos, principal fuerza del poder público.
Vemos ejemplos inmediatos en temas como la pobreza, el agua, la seguridad, la salud, la educación, la vivienda, la movilidad, entre otros servicios públicos, así como el aprovechamiento de los recursos naturales con sustentabilidad. Carecen de capacidad suficiente y oportuna de acción y de reacción, por un modelo organizativo y sistema de administración que parecen obsoletos. Los próximos sexenios gubernamentales se advertirán cambios científicos y tecnológicos que obligarán al gobierno y la administración pública a su adaptación inmediata.
