Mauricio Valdés

El pasado lunes 12 en el Salón Juárez de la sede del Poder Legislativo del Estado de México, integrantes del recién designado Secretariado Técnico para el Análisis Integral de la Constitución y del marco legal del Estado (SETEC), hicimos entrega a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ante la Dip. Karina Labastida Sotelo, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, del “Protocolo de Investigación Legislativa” dispuesto en el Acuerdo de creación del Secretariado.

En las intervenciones durante la ceremonia: del Dip. Maurilio Hernández, Presidente de la JUCOPO, representando al Poder Legislativo; del Magistrado Dr. Ricardo Sodi, Titular del Poder Judicial; del Lic. Ernesto Nemer Álvarez, Secretario de Gobierno y representante personal del Titular del Poder Ejecutivo, Lic. Alfredo del Mazo; y del Senador Higinio Martínez Miranda, promotor de esta iniciativa de Reforma del Estado. Quedó claro el reconocimiento de la necesidad de actualizar nuestro marco constitucional y legal, así como la voluntad de buscar ideas y fórmulas que mejoren las condiciones de vida de la población y de las futuras generaciones. En síntesis, resolver retos de nuestra Sociedad Mexiquense que nos impiden un desarrollo justo y democrático

La pandemia ha reiterado la trágica y dolorosa realidad que vive la mayor parte de nuestra población, que genera movilizaciones sociales como forma de presionar para la atención a su problemática, mientras se derrocha nuestro recurso intangible más valioso: el tiempo.

La última reforma integral de la Constitución fue en 1995, cuando éramos poco más de 11 millones de habitantes ahora somos casi 18 millones. Ha habido otras reformas, que sin embargo, dejan pendiente de atender y actualizar otros problemas y demandas como son: derechos a la salud y a la educación, a los servicios de infraestructura, a un buen gobierno y a una buena administración pública, el empleo con mejores salarios, la seguridad pública, el transporte de pasajeros, las relaciones intermunicipales y metropolitana, la transparencia y erradicación de la corrupción, el debido cumplimiento de los derechos sociales, la adecuación a los avances de la digitalización y el teletrabajo, lucha contra los abusos de funcionarios deshonestos, regularización de la tenencia de la tierra forzadamente urbanizada, mejor regulación de los agentes económicos para equilibrar gobierno y mercado, así como la los esquemas de desarrollo de la Agenda 2030, entre otros.

Se trata de una instrucción y oportunidad históricas, única en México y muchas partes del mundo, para renovar pacíficamente las bases del cambio con rumbo, para reconstruir una entidad democrática, moderna, justa, eficaz y equilibrada, donde sus habitantes tengamos garantizado el ejercicio pleno de nuestros derechos y cumplimiento de obligaciones, que seamos el centro de la acción pública y solidaria, para que se gobierne con honestidad, eficiencia y eficacia, sobre las circunstancias.