Mauricio Valdés
El pasado lunes 12 en el Salón Juárez de la sede del Poder
Legislativo del Estado de México, integrantes del recién designado Secretariado
Técnico para el Análisis Integral de la Constitución y del marco legal del
Estado (SETEC), hicimos entrega a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO),
ante la Dip. Karina Labastida Sotelo, Presidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, del “Protocolo de Investigación Legislativa” dispuesto en
el Acuerdo de creación del Secretariado.
En las intervenciones durante la ceremonia: del Dip.
Maurilio Hernández, Presidente de la JUCOPO, representando al Poder
Legislativo; del Magistrado Dr. Ricardo Sodi, Titular del Poder Judicial; del
Lic. Ernesto Nemer Álvarez, Secretario de Gobierno y representante personal del
Titular del Poder Ejecutivo, Lic. Alfredo del Mazo; y del Senador Higinio
Martínez Miranda, promotor de esta iniciativa de Reforma del Estado. Quedó
claro el reconocimiento de la necesidad de actualizar nuestro marco
constitucional y legal, así como la voluntad de buscar ideas y fórmulas que
mejoren las condiciones de vida de la población y de las futuras generaciones.
En síntesis, resolver retos de nuestra Sociedad Mexiquense que nos impiden un
desarrollo justo y democrático
La pandemia ha reiterado la trágica y dolorosa realidad que
vive la mayor parte de nuestra población, que genera movilizaciones sociales
como forma de presionar para la atención a su problemática, mientras se
derrocha nuestro recurso intangible más valioso: el tiempo.
La última reforma integral de la Constitución fue en 1995,
cuando éramos poco más de 11 millones de habitantes ahora somos casi 18
millones. Ha habido otras reformas, que sin embargo, dejan pendiente de atender
y actualizar otros problemas y demandas como son: derechos a la salud y a la
educación, a los servicios de infraestructura, a un buen gobierno y a una buena
administración pública, el empleo con mejores salarios, la seguridad pública,
el transporte de pasajeros, las relaciones intermunicipales y metropolitana, la
transparencia y erradicación de la corrupción, el debido cumplimiento de los
derechos sociales, la adecuación a los avances de la digitalización y el
teletrabajo, lucha contra los abusos de funcionarios deshonestos,
regularización de la tenencia de la tierra forzadamente urbanizada, mejor
regulación de los agentes económicos para equilibrar gobierno y mercado, así
como la los esquemas de desarrollo de la Agenda 2030, entre otros.
Se trata de una instrucción y oportunidad históricas, única
en México y muchas partes del mundo, para renovar pacíficamente las bases del
cambio con rumbo, para reconstruir una entidad democrática, moderna, justa,
eficaz y equilibrada, donde sus habitantes tengamos garantizado el ejercicio
pleno de nuestros derechos y cumplimiento de obligaciones, que seamos el centro
de la acción pública y solidaria, para que se gobierne con honestidad,
eficiencia y eficacia, sobre las circunstancias.
