El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió a la carta enviada esta mañana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En un documento difundido por el Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar Lelo de Larrea le confirmó de recibida su misiva, y le afirmó que la carta será remitida al área correspondiente del CJF.

En la misiva, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que de existir elementos se abrirá la investigación correspondiente con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen.

El ministro presidente de la SCJN le recordó al presidente López Obrador que es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces del país “puedan actuar en un marco de independencia y autonomía”.

Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley”, señaló la carta.

López Obrador pidió este lunes al presidente de la Suprema Corte investigar al juez que concedió una suspensión “de manera veloz” en contra de la ley de Reforma Eléctrica.

A través de una carta que envió a Arturo Zaldívar, también titular del Consejo de la Judicatura Federal, el mandatario solicitó que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la Reforma Eléctrica aprobada por el Congreso la semana pasada.

El presidente aseguró que en la suspensión de la reforma participan personas y empresas que estuvieron alineadas “con el antiguo régimen” y que tenían como “modus operandi la corrupción y el influyentismo”.

Esta polémica empezó el jueves pasado cuando el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendiera los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.

También ordenó revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.