A partir de la promulgación de nuestra Constitución de 1917, la educación comenzó a dejar de ser instrumento de privilegio exclusivo de las élites y comenzó a ser considerada como un derecho social y se obligó al Estado a impartirla de manera general, laica y gratuita.

Así, la educación pudo ser accesible para todas las personas, sin discriminación alguna y se ha convertido en los últimos tiempos en un concepto esencial para evaluar el desarrollo de los seres humanos, así como de las sociedades de nuestra época.

Sin embargo, este derecho humano siempre se ha visto amenazado por diferentes circunstancias a lo largo de la historia, pero quizás la amenaza más grande ha sido la que se ha ocasionado por el surgimiento de la pandemia de covid-19.

Y, es que en los últimos tres años, los estragos provocados por la pandemia han provocado una crisis de grandes dimensiones en los sistemas educativos de todo el mundo, lo que ha agravado la problemática que en esta materia ya existía, poniendo en riesgo a toda una generación de la humanidad, sobre todo en los países con menor desarrollo económico.

Según datos ofrecidos por el informe De la recuperación del aprendizaje a la transformación de la educación, elaborado de manera conjunta por la OCDE, la Unesco, Unicef y el Banco Mundial, señala que muchos países todavía no han tomado medidas específicas —de eficacia demostrada— para abordar la pérdida de aprendizaje en los estudiantes como consecuencia de la pandemia.

Dichos organismos internacionales proponen poner en marcha las siguientes medidas para recuperar el aprendizaje de las y los alumnos: Retener a todos los niños y niñas en la escuela y atender sus necesidades, analizar los niveles de aprendizaje con regularida, priorizar la enseñanza de conocimientos básicos, incrementar la eficiencia de la enseñanza e impulsar el desarrollo de la salud y el bienestar psicosocial del alumnado.

Todas las estrategias planteadas son dignas de atender. Sin embargo, con preocupación vemos que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no se contemplan recursos para atender la deserción escolar, la pérdida de aprendizaje que se desencadenó consecuencia de la pandemia, ni tampoco para la atención a la salud mental de los estudiantes.

En lo tocante a la deserción escolar, un sistema educativo democrático y transformador debe reconocer la importancia que tiene el derecho humano a la educación para lograr el mejoramiento integral de las personas, el combate real a la pobreza y para lograr un mayor entendimiento entre las personas y los pueblos. Nada de eso se conseguirá sin una educación de calidad que esté al alcance de todos.

Es necesario recordar que entre las bases y obligaciones que deben asumir el Estado, se encuentra la obligación de velar por una cobertura progresiva de la educación, la cual no puede permitirse dejar a nadie atrás.

Un tema que, sin duda alguna la pandemia vino a evidenciar más que nunca fue la importancia de la salud física y mental de los estudiantes, pues enfrentan problemas serios, tales como depresión, violencia familiar, ansiedad, bajo rendimiento escolar y adicciones. Y será imposible enfrentar dichos padecimientos que afectan a miles de estudiantes sin una programación de recursos suficientes en el presupuesto.

Hoy más que nunca debemos ser conscientes de la enorme importancia que la educación tiene para el desarrollo de las personas y del país. Porque no es un gasto, sino una inversión estratégica.

Como Corolario, la frase de filósofo prusiano de la Ilustración Immanuel Kant: “El hombre es lo que la educación hace de él”.