Por Guadalupe Lizárraga
Juana Hilda González Lomelí salió libre el 11 de junio de 2025, tras pasar más de 19 años en prisión por un crimen que no cometió. Su condena fue anulada al demostrarse que fue torturada, juzgada con pruebas ilícitas y despojada de su derecho a un juicio justo. Todo esto lo documenté desde 2014, cuando inicié la investigación sobre el falso caso Wallace.
Mi trabajo periodístico reveló la fabricación de delitos contra ocho personas. Seis fueron acusadas directamente por Isabel Miranda Torres del supuesto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace; dos más, imputadas por otros cargos para simular la existencia de una banda criminal.
Con mis evidencias que fueron judicializadas, mi investigación favoreció a Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo Cruz, Alberto y Tony Castillo, Jael Malagón Uscanga y George Khoury Layón. Todas las víctimas fueron torturadas. En particular, César Freyre y George Khoury registraron los casos más severos, con protocolos de Estambul positivos y, en el caso de Khoury, una recomendación de libertad inmediata de la ONU desde 2017.
Durante siete años cubrí en tiempo real las represalias sufridas en prisión: negación de medicamentos, traslados arbitrarios y golpizas por denunciar violaciones ante organismos de derechos humanos.
En diciembre de 2018 presenté el primer libro de mi trilogía El falso caso Wallace. Poco después, Ricardo Raphael me pidió una entrevista para su programa en Canal 11. Se mostró escéptico, sobre todo respecto a Genaro García Luna como aliado de Isabel Miranda. Cuatro meses más tarde se presentó en medios como “el investigador del caso Wallace”, plagiando mi trabajo e invisibilizando mi nombre.
Desde entonces ha lucrado con el dolor de las víctimas, revictimizándolas en su libro más reciente al ubicarlas en contextos criminales sin pruebas, reforzando una narrativa ya desmontada en tribunales.
El cinismo del plagiario no termina con el robo: sigue causando daño, sembrando dudas sobre la inocencia de personas injustamente encarceladas.
