Rosario Robles, ex funcionaria pública mexicana, aceptó declararse culpable de los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), a cambio de recibir algunas flexibilidades en su condena.

La defensa de quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terricumpliría únicamente seis años en prisión, además de librar la reparación del daño por la llamada procedimiento abreviado, de acuerdo con los reportes del diario El Universal.

A cambio, quien también comandara la Secretaría de Desarrollo Social en México cumpliría únicamente seis años en prisión, además delibrar la reparación del daño por la llamada Estafa Maestra, informó la periodista Diana Lastiri.

Lo anterior, informó el medio, porque sólo se le acusa de omisión, no por robo ni enriquecimiento ilícito, por lo que se ofreció a pagar una multa de apenas 4,194.46 pesos por cada cargo en su contra.

En cuanto a los años de cárcel que irían a su condena, la defensa aseguró que su propuesta es de dos años en prisión por cada cargo del ejercicio indebido del servicio público, los demás, uno por cada agravante.

Dicho acuerdo sería revisado por un funcionario de alto nivel designado por la propia FGR, quien decidirá si se autoriza el procedimiento abreviado, o se sienta a renegociar los términos de la oferta, aseguró El Universal.

A finales de febrero de 2021, durante la audiencia intermedia de Rosario Robles, la ex funcionaria pública se negó a reparar el daño por el millonario desvío de recursos antes mencionado. La multa que buscaban imponerle las autoridades era de 5,073 millones de pesos.

Por lo anterior, la FGR determinó que no existían las condiciones para realizar un proceso abreviado, por lo que la audiencia intermedia se mantendrá hasta el próximo 26 de marzo.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidió en que no existen condiciones para que se realice un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.

Robles acumula un año y medio en prisión, pues fue detenida en agosto de 2019 tras acudir a una audiencia.

El proceso que se le sigue es porque se le responsabiliza de presuntas omisiones, es decir, por no impedir que en Sedesol y Sedatu se firmaran los convenios que dieron origen al desvió de recursos.

Según las acusaciones de la FGR, durante la administración del último presidente priista, Robles habría incurrido en omisiones que permitieron el desvío de cinco mil millones de pesos del erario.

De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito que se le imputa es cometido por “el funcionario que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal”.

Aunque el delito por el cual se le acusa no es considerado grave ni amerita prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público Federal la solicitó en agosto de 2019. En caso de obtener su libertad, la FGR podrá cumplimentar una orden de aprehensión en contra Robles por delincuencia organizada. En este caso, la libertad no es un derecho que se alcance mediante fianza.