Felipe León López

Los expedientes Lozoya y Duarte están golpeando la poca imagen que queda del otrora poderoso PRI. Si había alguna esperanza de recuperación por su actitud “institucional” ante la embestida de la 4T a su proyecto transformación y de revertir las reformas estructurales que tanto presumió el sexenio pasado, esta vez, bajo la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito” o algunos como “AMLITO”, por su empatía con el presidente de la República.

Los movimientos que están dando en el PRI ante la ofensiva contra los expedientes de la corrupción del peñanietismo pasan de la ridícula institucionalidad, favoreciendo con sus votos en el Congreso a las iniciativas de MORENA a prácticamente dejar que los avasallen en todas las entidades donde algunos de sus cuadros daban la batalla.

El último dislate ocurrió con la extraordinaria y virtual del Consejo Político Nacional del PRI en la cual se acordó modificar los estatutos y dar facultades extraordinarias a “Alito” Moreno para que sea su dirigencia la que elija a los candidatos de todos los niveles de gobierno y amarrar las manos a los gobernadores y sus comités estatales el proceso.

El 2021 es un año político crucial para el país, pues no sólo será el primer referéndum a la popularidad de AMLO y de MORENA, sino que la oposición -o lo que queda de ésta- tiene que esforzarse para quitarle la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y serán sometidos al mayor número de ciudadanos empadronados en la historia: 96 millones de mexicanos.

La elección del próximo año tendrá en juego 15 gubernaturas; 1,063 diputaciones y 1,924 alcaldes. De las 15 entidades donde se renovarán poderes, de las que están en juego sólo ocho son todavía gobernadas por el PRI, y algunos de éstos, por su manejo de la crisis de la pandemia del coronavirus, según diversas encuestas, han logrado repuntar en su popularidad y aceptación, acortando la diferencia que tenían con MORENA, principalmente.

Es el caso de los gobiernos de Guerrero, San Luis Potosí, Sonora, Colima y Sinaloa, en que los mandatarios lograron atender sus propias crisis y han logrado atender la emergencia con responsabilidad, lo cual han sido bien valorado tanto por la federación, y sobre todo, por los ciudadanos.

El quitar el margen de maniobra a los líderes locales está siendo leído como una declinación electoral del PRI con miras a evitar que la ofensiva anticorrupción los borre del mapa político, pero, paradójicamente, su retraída podría retraer su extinción. 

Esta inercia favorable pudo ser la oportunidad para que los mandatarios, los dirigentes estatales y delegados de este partido, pudieran haber dado una batalla para retener las entidades y parar el morenaje nacional.

Sin embargo, las señales del CEN del PRI son de desaliento para que los priismos locales prácticamente sean desplazados por el centro en la decisión de los candidatos, el voto de sus legisladores y hasta el destino de su instituto político.

Todo pareciera indicar que Alejandro Moreno quiere que los priístas declinen “por default” en los procesos estatales, es decir, “alianzas de facto”, abriendo más la tendencia de un PRI-MOR para el 2021 y hasta el 2024, si no es que antes muchos de los operadores electorales del tricolor ahora pasen al color guinda como parece ya estar ocurriendo donde MORENA no tiene estructura propia y ha cooptado esos cuadros para su estructura de bienestar.

Ante ello, quedan dudas: ¿Habrá una rebelión de gobernadores y dirigentes locales o una sumisión al CEN del PRI de “AMLITO”?

Twitter: @FelipeLeonLopez