Por omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones por parte de once integrantes de once integrantes del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodista, en el caso de un periodista que fue ejecutado en el estado de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó a la Secretaría de Gobernación sanciones administrativas a los inculpados, al igual que a otros servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad, entre otras dependencias.

“Meses antes de la agresión letal, el periodista había solicitado ser incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero los dictámenes para ello se emitieron de forma tardía y limitada”, puntualizó la institución encabezada por Rosario Piedra Ibarra, la que dirigió la recomendación 121/2022 al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández; al gobernador y fiscal general de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa y Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por las violaciones a los derechos humanos, la seguridad jurídica y legalidad en agravio de un comunicador.