A Salvador Allende Gossens por hacer de la democracia y el socialismo un binomio.
En un millón de muertos y 10 millones de personas detenidas en Estados Unidos por delitos contra la salud, sobre todo afrodescendientes y latinos, estimó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sólo dos de los abundantes costos a partir de que Richard Nixon impuso al mundo, por medio de la Organización de las Naciones Unidas, sus enfoques punitivos, con la declaratoria de guerra al narcotráfico, conocida a partir del 18 de junio de 1971 como War on Drugs, una política de muy largo aliento –y parte de la geopolítica imperial–, orientada a la persecución de la producción, comercio y consumo de ciertas sustancias psicoactivas, a las que atribuyó el estatus legal de “drogas prohibidas”, por ser consideradas “no medicinales”.
En México, durante el gobierno del presunto genocida Felipe Calderón –denunciado ante la Corte Penal Internacional– fue conocida como “Guerra contra el narcotráfico”, dirigida por el ahora prisionero Genaro García Luna, con asesinatos, detenidos, desplazados y desaparecidos sin precedente, pero continuada durante el sexenio de Enrique Peña, a pesar de que la retórica oficial disminuyó los tonos.
Impuesta, pues, desde Washington a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, con un manejo muy oscuro por la impresentable DEA y el presidente Ronald Reagan con el Irán-Contras, desde Santiago de Cali, el sábado 10, los presidentes de Colombia y de México establecieron durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas "Para la vida, la paz y el desarrollo", que la región tiene que alzar la voz y hablar por sí misma en el nuevo paradigma frente a las drogas y el narcotráfico que empezó a diseñarse y tendrá una cumbre de jefes de Estado en México en 2025.
Trazos que contemplan que el subcontinente es víctima, que no victimaria, de la fallida política de guerra contra esos flagelos y Latinoamérica debe poner límite a los discursos del poder mundial que implementa esa estrategia, dictada desde Washington, y causó una sanguinaria crisis en sus naciones. Por años, los dirigentes latinoamericanos repitieron el discurso de la guerra contra las drogas, sin confrontar a la Casa Blanca, la Unión Europea e incluso a la ONU.
Avalados por representantes de otras 17 naciones, especialistas y líderes campesinos, contemplan abordar de forma integral, multidisciplinaria, equilibrada, amplia, basada en evidencia científica el problema de las drogas, atendiendo las causas estructurales.
Entablar acuerdos con las naciones de consumo; contrarrestar de manera integral las consecuencias del problema global de las drogas y las causas primarias de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia.
También fortalecer los factores de protección comunitaria pero, sobre todo, lograr el tránsito hacia actividades lícitas sin renunciar al compromiso internacional de afectar el tráfico ilícito de drogas; la defensa de sectores acusados de tráfico de sustancias: “No son traficantes, son trabajadores en busca de oportunidades”. Políticas para reducir la demanda a través de prevención universal, selectiva e indicada, con atención a la salud mental, a las adicciones, a la intervención temprana, al tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y afinar los programas educativos para los jóvenes.
Y, finalmente, romper los nefastos vínculos entre el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada trasnacional y el tráfico de armas de fuego y municiones, que son “la otra cara de la moneda de la delincuencia"; crear un grupo de trabajo de seguimiento integrado por todos los estados de la región, entre otros pasos en la dirección que muy probablemente sea la correcta.
Acuse de recibo
De Arturo Sandoval: “Pos nada más le falta pedir lo nombren Marchelo Mastroianni. Sin duda ego priista, mi querido Eduardo. Muy bueno tu texto, maestro”: https://elindependiente.mx/