En pleno 2026, México enfrenta un escenario que no debería existir: muertes por sarampión. No se trata de una enfermedad nueva ni de una amenaza desconocida. El sarampión es uno de los virus más estudiados, prevenibles y controlables de la historia moderna. Sin embargo, hoy vuelve a cobrar vidas. De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Salud, el país enfrenta un brote activo que ya acumula decenas de defunciones y miles de casos confirmados. Más allá de la cifra puntual, lo verdaderamente alarmante es el hecho político y sanitario detrás del número: estamos perdiendo la batalla contra una enfermedad que sabíamos cómo evitar. No es ciencia incierta. Es cobertura vacunal. El sarampión tiene una tasa de contagio altísima. Una sola persona infectada puede transmitir el virus a más de una decena en una población no inmunizada. Por ello, históricamente, la clave para contenerlo ha sido mantener coberturas de vacunación superiores al 95 por ciento. Cuando esa cobertura cae, el virus encuentra grietas. Y esas grietas no son biológicas, son institucionales: fallas en distribución, recortes presupuestales, campañas debilitadas y desconfianza pública. La comparación con el COVID-19 es inevitable. Durante la pandemia existía incertidumbre científica real. Las vacunas tardaron meses en desarrollarse y la información evolucionaba día a día. En México, diversos análisis posteriores señalaron errores en coordinación, comunicación y oportunidad que pudieron influir en el número final de fallecimientos. Pero el sarampión no es el COVID. Aquí no había incertidumbre científica. Aquí no había que desarrollar una vacuna en tiempo récord. Había que aplicar lo que ya existía. Invertir en campañas de vacunación no es un gasto: es una estrategia de seguridad sanitaria. Cada peso destinado a abasto constante de biológicos, brigadas móviles, registro eficiente y comunicación científica clara evita hospitalizaciones que cuestan múltiples veces más. Evita presión presupuestal futura y, sobre todo, evita muertes prevenibles. La emergencia siempre es más cara que la prevención.
Permitir que una enfermedad vacunable resurja no es un accidente inevitable; es un síntoma de desatención estructural. Es una señal de que la salud pública dejó de ser prioridad constante y se convirtió en reacción episódica. La salud pública no puede depender del ciclo electoral. Porque cuando la prevención se descuida, el costo no es estadístico. Es humano.
