Dos días antes de la magna concentración sabatina por el aniversario cinco del aplastante triunfo en las urnas del hoy presidente Andrés Manuel, se ventiló en la mañanera un tema que atañe al corazón mismo de la Cuarta Transformación, el de la corrupción y en particular la descubierta desde 2019 en Seguridad Alimentaria Mexicana.
De acuerdo con información del titular de la Secretaría de la Función Pública, en la Fiscalía General de la República existen 100 denuncias penales por el desfalco a Segalmex y fueron giradas 49 órdenes de aprehensión contra 44 exfuncionarios y dueños, representantes y abogados de las empresas acusados de defraudar 4 900 millones de pesos, equivalentes a más de las mitad de las irregularidades observadas en 2019-20 por la Auditoría Superior de la Federación y la SFP en la paraestatal que dirigía Ignacio Ovalle Fernández, funcionario del gobierno de Luis Echeverría y que ahora despacha como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Cargo que todo indica le fue asignado por decisión de López Obrador en plena investigación ministerial.
El secretario Roberto Salcedo Aquino –sin parentesco con la querida periodista María Concepción Salcedo Meza–, aprovechó para rechazar que “el fraude alcance 15 000 millones de pesos, como señalan versiones en los últimos meses”, y estimó que los faltantes suman de manera preliminar 9 500 millones de pesos. Menos mal, pero el hecho no deja de ser una grave mancha en la trayectoria de la 4T encabezada por AMLO por más que todo el procedimiento de la Auditoria Superior y la FGR tiene en su haber la participación decidida del Ejecutivo federal.
Como quedó documentado, la SFP detectó a través de auditorías un agujero de 6 000 millones de pesos en la gestión financiera de Segalmex de 2019-20, mientras la ASF observó 3 500 millones de gastos sin justificar o anómalos. Además, la Auditoría pidió aclaraciones a Segalmex por 3 750 millones de pesos, en gran parte por la compra de maíz y frijol en 2021. De acuerdo con Salcedo Aquino las observaciones resultantes son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales.
En tanto que Segalmex presentó documentación para aclarar el destino de 2 000 millones de pesos de los 6 000 observados por la SFP. También ofrece aclaraciones sobre los 3 500 millones advertidos por la ASF.
Sin embargo, no deja de llamar la atención la insistencia de Obrador de abogar por Ovalle Fernández, en esta ocasión así: “Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa”.
Está fuera de todo procedimiento institucional y jurídico que el jefe del Estado interceda a favor del principal funcionario de Segalmex cuando se cometieron los ilícitos con serios daños al patrimonio público. Por lo menos está obligado el presidente Andrés Manuel a guardar silencio y no interferir con el enorme peso de su autoridad institucional y el vigoroso liderazgo que desempeña cinco años después.
Corresponde a la Fiscalía General de la República presentar las pruebas suficientes y oportunas para que los jueces emitan su veredicto sin ninguna interferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Acuse de recibo
“Como siempre larga y muy diversa la mañanera de hoy 29.6.2023. Pero hubo algunos puntos que despertaron mi personal interés. 1. Es vergonzoso el mega fraude que cometieron con Segalmex. Un asunto que verán en esta dirección: https://politica.expansion.mx/
