El párrafo tercero del artículo 4º de nuestra Carta Magna impone al Estado la obligación de generar las condiciones para que toda persona tenga acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; es decir, hacer posible que este derecho humano sea efectivo y permita vivir a las personas con dignidad.

En relación con lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, entiende que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen “acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimenticias para llevar una vida activa y sana”.

Sólo existe seguridad alimentaria, cuando se garantiza la disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos de manera real e ininterrumpida, pues de faltar alguno de los elementos, se estará frente al peligro del hambre y la subnutrición.

Ahora bien, a partir de la inseguridad alimentaria, con hambre y subnutrición se comienza un círculo vicioso en donde le siguen el desarrollo físico y cognitivo deficiente, la baja productividad y la pobreza.

Lo anterior es importante, pues la FAO dio a conocer su estudio El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2022, en el que señaló que, en 2021, padecían hambre entre 702 y 828 millones de personas. Lo peor, las terribles predicciones de que cerca de 670 millones de personas seguirán padeciendo hambre en 2030.

Menciona que, en 2020, alrededor de 22% de los menores de 5 años padecía retraso del crecimiento; 6.7%, desnutrición grave y 5.7%, sobrepeso. Se identificó que las zonas rurales y los hogares más pobres –en donde las madres no habían recibido educación formal– eran más vulnerables al retraso del crecimiento y desnutrición, resultando la prevalencia más elevada entre las mujeres que en los hombres; y, de manera paradójica, las zonas urbanas y los hogares más ricos corrían un mayor riesgo de padecer sobrepeso.

Por otro lado, el estudio indica que casi tres mil 100 millones de personas no podían acceder a una dieta saludable en 2020 debido a su costo. De esa cifra, en América Latina lo padecen 131.3 millones de personas.

En el caso de México, se señala que en 2021 se registran más de siete millones de personas subalimentadas y cerca de 33 millones de personas en un estado de inseguridad alimentaria moderada o grave.

Ante esta grave situación, la FAO recomienda a los gobiernos del orbe aumentar sus esfuerzos y crear sinergias que permitan cumplir con los compromisos internacionales en la materia. Por ejemplo, en la Agenda 2030 se planteó como objetivo poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición; así como promover la agricultura sostenible. Lo cual, a siete años, se antoja imposible, debido a una triple crisis: climática, los conflictos armados y los efectos perniciosos aún indeterminados de la reciente emergencia sanitaria por covid-19.

En suma, los datos demuestran que la seguridad alimentaria no es un problema privativo de la economía, sino que la solución yace en comunión con la educación, salud, desarrollo agrícola y la sostenibilidad.

Y como factor principal, conviene insistir en reconocer a la educación como derecho humano, que es la llave para ejercer los demás derechos y la única solución real para sacar del subdesarrollo a las personas. Los apoyos económicos entregados de manera directa ayudan a sobrellevar el hambre, pero nunca a salir de la pobreza.

Como corolario, la frase de Charles Darwin: “Si la miseria de la gente pobre no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, grande es nuestro pecado”.