Seguramente son minoría, por ahora, a quienes invade un sentimiento de abandono, de orfandad. La mayoría se regocija entre la indiferencia, el autoengaño o la satisfacción de testimoniar el paso al autoritarismo. El 15 de septiembre es el momento fundacional de un nuevo régimen el fin de una época. El partido hegemónico con sus excesos y malas prácticas da un paso crucial para la destrucción del edificio democrático. Así de simple, sin independencia judicial y del tribunal supremo no hay democracia, como señalara con claridad el expresidente Ernesto Zedillo, jefe de Estado que impulsó la independencia de la Corte, la equidad electoral y la autonomía plena del INE, entre otras cosas.

Pocos entienden lo que implica elegir jueces por voto popular y establecer un órgano superior de control o disciplinario del quehacer del juzgador. En tales condiciones no hay justicia posible. La elección popular es un engaño. La elaboración de candidaturas la haría el régimen y también es la única fuerza sustantiva para movilizar votantes para una decisión imposible de procesar por el ciudadano al momento de sufragar. Por si hubiera algún colado allí está la instancia disciplinaria con amplias facultades y con decisiones de única instancia.

El proceso autocrático pudo imponerse por la fragilidad de las instituciones democráticas y por la ausencia de actitudes colectivas y de sus élites para cuidar lo fundamental de la democracia. También en mucho ha contribuido la debilidad de la oposición, sin capacidad de articular una resistencia básica para impedir que el oficialismo se impusiera por la vía de los votos. Allí están los resultados del 2 de junio, se ganaron tan solo 44 de los 300 distritos y una sola entidad de las 32 en la elección de senadores. Aducir la interferencia presidencial y el clientelismo, que los hubo en exceso, es negar la insuficiencia básica de la oposición y si pruebas faltan allí está el error mayor de asignar la candidatura al senado a padre e hijo en Veracruz por parte del PAN.

Se equivocan quienes creen que lo que viene será continuidad de los pasados seis años. Aunque lo intentaran es imposible. El entorno social, económico político y global ha cambiado de manera relevante. La resistencia habrá de transitar a la lucha fáctica, al margen de las instituciones que puede ser tan apacible como la migración o el retiro de los inversionistas o la especulación en los mercados financieros, como ruda que es ir a la lucha en la calle. Esto anticipa que habrán de ponerse en práctica modos de control más abusivos y de mayor exceso, entre otros el uso político de la justicia penal del que hubo prueba en la aprobación de la reforma, con la diferencia de que no habrá poder judicial para proteger al ciudadano, porque en todos los casos de interés de la autoridad nacional no habrá jueces decididos a hacer valer la ley.

El problema a la vista, por el momento, lo representan las finanzas públicas y los pronósticos oficiales y de expertos sobre el crecimiento económico en éste y el próximo año son muy bajos, escenario que se complica todavía más con la incertidumbre que se deriva del colapso del sistema judicial. La crisis en las finanzas públicas no es coyuntural, es estructural y resulta de la política de gasto. Cierto es que todavía hay mucha tela de donde cortar por la vía de los ingresos, pero eso requiere una reforma que el régimen no quiera hacerla por las implicaciones en el consenso social. En su lugar las autoridades considerarán que una proactiva acción fiscal puede incrementar los recursos que se requieren para la marcha del gobierno y quizás, si alcanza, para el fondeo de la infraestructura y de las obras inconclusas del actual gobierno. Como siempre ocurre, el terrorismo fiscal es el mejor recurso para incrementar los ingresos y para ello nada mejor que la prisión oficiosa por faltas fiscales, ante la ausencia de un sistema de justicia que proteja al contribuyente.

El nuevo momento del régimen significa una modificación del consenso. El apoyo popular a López Obrador le ha servido para articular el proceso de desmantelamiento del régimen democrático y también ganar elecciones. Ahora las medidas de control autoritario estarán como recurso principal en la medida de que el apoyo popular disminuya. Como todo régimen autoritario, a mayor impopularidad mayor será la represión.