“El caso Carmona es una herida abierta para Morena, y las conexiones entre dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal”
Julio Scherer Ibarra
El contrabando de combustible inició con un objetivo político. Después, por sus dimensiones, derivó en una actividad criminal de gran escala que hizo del financiamiento político su blindaje y pretexto. Cuando el crimen obtiene permiso, crea una complicidad que convierte a la impunidad en un recurso necesario. El código de silencio se impone, y su desborde genera sus propias condiciones de disfuncionalidad. Tuvieron que denunciar las autoridades norteamericanas para que la Fiscalía actuara, en un contexto de ejecuciones y decesos sospechosos. El crimen en las entrañas del Estado.
Lo develado por Scherer Ibarra tiene la mayor trascendencia. No hay espacio para negar lo señalado ni para eludir responsabilidades. El acontecimiento es desgarrador porque evidencia el colapso del Estado: la actividad criminal se opera y se desarrolla desde la más alta oficina del gobierno. Tampoco puede minimizarse su continuidad. El contrabando no concluyó; lo prueban las indagatorias de la FGR. Además, el personaje clave en la operación desde la Presidencia es el responsable de la coordinación de asesores de la mandataria.
La presencia de Jesús Ramírez Cuevas indica que el régimen carece de anticuerpos para defenderse de sus propias amenazas. La presidenta Sheinbaum lo defiende, sus razones tendrá. El funcionario inculpado mantiene un papel protagónico en la agenda comunicacional de la presidenta. Un hecho que no debe ni puede soslayarse. Su separación no solo es obligada, sino también su investigación por la FGR.
Los triunfos estrechos de Morena en elecciones de gobernador en los estados del Pacífico quedan comprometidos por la sospecha del financiamiento ilegal de dos fuentes: la ya conocido concurrencia del crimen organizado, y lo que ahora se devela, los recursos generados por el contrabando de combustible. Los flujos de este contrabando fueron documentados y analizados con rigor por el exrector Francisco Barnés de Castro en su artículo Evolución del problema del huachicol y su impacto económico. Las cifras son reveladoras. Un dato merece especial reflexión: el contrabando se triplicó en 2024, año de la elección presidencial.
Llama la atención que la FGR saliera públicamente, sin fundamento ni argumentos, seguramente a solicitud de la Presidencia, a exonerar indebidamente al almirante secretario Ojeda, a partir de la revelación de que sus sobrinos figuraban como sospechosos principales en la operación del contrabando y en dos ejecuciones de funcionarios relacionados con las investigaciones. Posteriormente, no ha habido información alguna: un segundo círculo de silencio. La renovación en la FGR parece reafirmarlo, hasta que, nuevamente, una develación como la de Julio Scherer o una exigencia de las autoridades norteamericanas obligue a una respuesta.
