El modo honesto de vivir se convirtió en el nuevo terror de la política.

El freno ante la reincidencia y desobediencia en ilícitos electorales ha puesto a temblar a los presidenciables. Pero en los hechos, en materia electoral, este requisito de elegibilidad sólo se ha frustrado para 11 personas en todo el país, lo que exhibe la resistencia de las autoridades se llegar al punto extremo de quitar la calidad de personas honestas.

Anular la presunción de “buen ciudadano o ciudadana” se impuso como una sanción para las personas que cometen violencia política en razón de género abusando de un cargo público. Pero al menos hasta el pasado 22 de julio, de las 264 sentencias firmes que registra el Instituto Nacional Electoral, únicamente en 42, los tribunales analizaron el modo honesto de vivir y sólo en 13 casos lo retiraron tras detectar reincidencias graves, y tres de éstos, corresponden a una misma funcionaria.

Es decir, sólo el 4.92 por ciento del total de las sentencias por violencia contra una mujer en la política llegó a esta sanción, y fue hasta después de que lo volvieron a hacer. Más grave aún, esas 13 sentencias en contra de 11 personas, son en realidad de seis casos en los que se encontraron a varios culpables, lo que implica que, en todo el país, sólo seis mujeres han logrado que sus agresores no vuelvan a ocupar un cargo público en los próximos años.