De tres mil 686 instituciones estatales obligadas a informar sobre sus compras públicas, solo el 52 por ciento registraron información en la Plataforma Nacional de Transparencia, concluyó un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), lo que denota opacidad y desdén por el cumplimiento de la ley para informar sobre el uso de los recursos públicos, dijo Valeria Moy, directora general del organismo.

“Lo atribuiría a un desdén por respetar la ley que obliga a las instituciones a cumplir con esta información y si el no cumplimiento de la ley no tiene consecuencias, lo único que sucede es que termina no cumpliéndose. Lo que estamos viendo no se explica de otra forma, raya en una falta de respeto a la ley y a la ciudadanía”, señaló.

Para su análisis sobre las compras públicas a nivel estatal, el IMCO analizó 251 mil procesos, que son a los que se pudo tener acceso más no es el universo, “éste no se conoce porque las instituciones no están reportando la información que deberían reportar”, aclaró la directora durante la presentación del reporte.

De acuerdo a la Ley General de Transparencia, las instituciones obligadas deben reportar información sobre sus compras con recursos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, no existe una base de datos unificada en criterios para que las instituciones a nivel estatal suban dichos datos.

Hay al menos 40 mil bases de datos con información dispersa y dificultades como el que los nombres tienen caracteres erróneos como ceros, puntos, líneas, acentos, ‘ñ’, que no son reconocidos por el sistema.

“No encontramos información clara, sistematizada, ordenada, encontramos una plataforma ineficiente que limita la información y en consecuencia su análisis”, señaló Valeria Moy.

Tras un trabajo de estructuración y homologación, el IMCO encontró que de tres mil 686 instituciones estatales obligadas, el 52 por ciento registró información de compras públicas en la PNT. Por entidad, Guanajuato es el que tuvo mayor porcentaje de instituciones con registros de información y el Estado de México el que menos, con solo 4 por ciento de las instituciones obligadas que reportaron información de compras públicas.