De 2014 a la fecha el gobierno federal ha entregado a generadores privados de electricidad 490 mil millones de pesos por concepto de subsidios, señaló la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica.
Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, apuntó que cuatro corporaciones, incluida Iberdrola, concentran 40 por ciento de la generación privada del país y reciben subsidios porque no pagan transmisión, respaldo ni porteo.
Señaló que del casi medio billón de pesos en subsidios, 421 mil millones de pesos han ido a parar a productores independientes de energía y 69 mil millones a supuestas plantas de autoabasto.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió a los diputados "no dejarse engañar" por las cifras que mostró la estatal e indicó que sólo 3.5 por ciento de los privados reciben un estímulo por renovables, mientras el director general de CFEnergía exigió al empresario probar la falsedad de los datos.
Reyes Hernández agregó que el sector privado sólo ha invertido 11 mil millones de dólares de los 44 mil millones que han sido pregonados por el CCE.
"Se han financiado de recursos de los contribuyentes y trabajadores mexicanos a través de las Afore, fondos de banca de desarrollo y créditos de bancos comerciales."
Salazar Lomelín reconoció que el financiamiento no viene de los bolsillos de inversionistas, pues es una práctica normal para todo aquel que quiere financiar un proyecto. "Quisiera saber quién en el país no aprovecha el sistema financiero para apalancar sus inversiones. Para eso están los mercados".
Luego declaró que existe "una relación de amor-odio" entre la empresa estatal y el sector privado, pues hay más de 150 proyectos que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que están ahora detenidos.
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados anticipó que la sobreoferta de electricidad derivará en "un tronadero de empresas privadas", porque la reforma energética de 2013 resultó "un atraco a las inversionistas", a quienes no se precisó que se otorgarían permisos sin control y que la demanda sería menor a la capacidad instalada.
