El Juzgado Quinto en Materia de lo Civil de Ciudad de México suspendió una orden de inspección y la entrega de la posesión de hogares y bienes comunes en la cooperativa de vivienda Palo Alto.

El 18 de mayo, un juez había ordenado un desalojo a una de las cooperativas con mayor trayectoria de resistencia dentro de la capital mexicana.

Palo Alto se fundó en la década de 1940, con trabajadores que laboraban y vivían en las minas de arena dentro de ese terreno. Cuando el material se agotó después de 30 años, los mineros decidieron permanecer en el predio donde ya se había formado una comunidad entre las familias y los vecinos de los obreros. Fue así como se constituyó la cooperativa en el año de 1972 para construir y entregar viviendas dignas a sus socios.

En la década de 1990 comenzó un conflicto con una minoría que buscaba su representación individual mientras que la mayoría continuó con el proceso cooperativista. Para el año 2002 el conflicto desembocó en un juicio de liquidación forzosa, alojado con el número 136/2002, en el Juzgado Quinto de lo Civil.

Una comisión liquidadora conformada por dos socios y un contador desconocido han impulsado la desarticulación de la cooperativa. En abril de este año, la comisión presentó un proyecto de venta en el que buscaba un cobro de 170 millones de pesos.

“Esto es la evidencia que detrás de la comisión está el terror económico de desarrolladoras, inmobiliarias y el Poder Judicial de la Federación que buscan la extinción de la cooperativa, convenciendo a los socios que es mejor el dinero, que tener una vivienda y un hábitat adecuados dentro de un sistema cooperativista", mencionaron los socios en conferencia de prensa.

El pasado 18 de mayo, el juez que lleva el caso aceptó el proyecto de liquidación, ordenó el desalojo y prácticamente la extinción de la cooperativa con fecha límite para el 29 de junio a las diez de la mañana, y para confirmarlo pidió la fuerza de la Guardia Nacional en su resolución.

Los cooperativistas cerraron las puertas de la entrada cuando vieron la llegada de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde la noche anterior. Convocaron a organizaciones solidarias que los acompañarán en una acción pacífica para la resistencia de la cooperativa, sin embargo, el Juzgado Quinto lanzó una suspensión de la diligencia sin explicar los motivos. La preocupación de los vecinos es inminente ya que una suspensión no significa que se hayan cancelado las sentencias emitidas.

“La lucha de los trabajadores es el único poder que tenemos contra el capital. Atentar contra Palo Alto no es atentar contra nuestras casas y bienes comunales, es atentar contra un proyecto social, contra una forma de vida que hemos construido para habitar un lugar seguro. Toda una vida de lucha, sufrimiento y lágrimas, no se compra ni con todo el oro del mundo. La cooperativa Palo Alto no se vende", concluyeron los socios.