Los Tocables
Hay ironías que ningún discurso puede corregir. En Guadalajara, ciudadanos que reclamaban agua limpia fueron dispersados con chorros de agua a presión y gases lacrimógenos. En los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, médicos, enfermeras y trabajadores de distintas áreas salieron a las calles para exigir medicamentos, material, personal suficiente y mejores condiciones laborales. Unos protestaban porque el agua de sus casas llegaba turbia; otros, porque la institución a la que dedican su vida enfrenta carencias que comprometen la atención de los enfermos.
Dos conflictos distintos, una misma pregunta: ¿de qué sirve la promesa de bienestar cuando los servicios esenciales fallan?
La crisis del agua en Jalisco no apareció de un día para otro. Durante meses, habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara denunciaron agua turbia, sedimentos, olores desagradables y posibles contaminantes. El problema alcanzó una dimensión política el domingo 11 de octubre, cuando ciudadanos se manifestaron frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. La movilización terminó en enfrentamientos, detenciones y personas lesionadas.
La imagen resultó tan absurda como reveladora: ciudadanos que exigían agua potable recibieron chorros de agua a presión de los cuerpos policiales. La ironía no requiere adornos. Mientras las familias reclamaban un servicio elemental, la autoridad respondía con la fuerza pública. El 13 de octubre, Lemus reconoció el uso excesivo de la fuerza y admitió que algunas detenciones habían sido injustas. La rectificación llegó después de que las imágenes circularan y la indignación creciera.
La infraestructura hidráulica envejecida, los problemas de contaminación y las deficiencias acumuladas en el mantenimiento forman parte de una crisis que rebasa a una sola administración. Pero la herencia recibida no constituye una absolución anticipada. Quien gobierna tiene la obligación de resolver los problemas de su tiempo, además de explicar los que vienen del pasado. El agua potable es un derecho; su suministro no puede depender de la paciencia de los ciudadanos ni de la capacidad de sus protestas para ocupar los titulares.
En el frente sanitario, las movilizaciones de trabajadores del IMSS exhibieron otra dimensión de la distancia entre el discurso y la realidad. Médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo denunciaron carencias de medicamentos, material médico, plazas, salarios adecuados y condiciones laborales. Las manifestaciones y los bloqueos registrados en distintas entidades durante octubre colocaron nuevamente en el debate público las dificultades cotidianas de quienes sostienen la atención hospitalaria.
No se trata de un asunto menor ni de una simple disputa sindical. Cuando el personal médico denuncia que debe conseguir materiales por cuenta propia, cubrir turnos excesivos o atender pacientes sin los insumos necesarios, el problema alcanza directamente a quienes acuden a los hospitales. Una receta que no se surte, una consulta que se demora o un procedimiento que debe posponerse tienen consecuencias concretas. Detrás de cada estadística existe una persona que necesita atención.
La respuesta presidencial tampoco despejó las dudas. Claudia Sheinbaum rechazó inicialmente la descripción de una crisis generalizada y cuestionó el aprovechamiento político de las protestas. Posteriormente reconoció demandas legítimas, entre ellas las relacionadas con el abasto de medicamentos y la regularización de trabajadores contratados durante la pandemia.
Es importante distinguir los hechos: no existe base suficiente para afirmar que la presidenta negara durante varias semanas la existencia misma de las manifestaciones. Lo que sí quedó expuesto fue la distancia entre su primera respuesta, centrada en cuestionar la dimensión y la utilización política del movimiento, y el posterior reconocimiento de problemas específicos.
El orden de las respuestas importa. Antes de discutir quién convoca una protesta o qué intereses pueden acompañarla, corresponde examinar si las demandas tienen fundamento. La filiación política de quien denuncia una carencia no convierte esa carencia en imaginaria. Tampoco la presencia de adversarios políticos exime a las autoridades de responder por sus responsabilidades.
El IMSS ha presentado cifras de expansión de su plantilla y reportado un promedio nacional de surtimiento de recetas de 94 por ciento. Son datos que deben considerarse, pero no bastan para demostrar que cada hospital dispone de los medicamentos y materiales que necesita. Un promedio nacional puede coexistir con unidades médicas donde los pacientes reciben recetas incompletas. La evaluación de un sistema sanitario requiere observar sus resultados cotidianos, la oportunidad de las consultas, la cobertura del personal y la disponibilidad efectiva de tratamientos.
Afirmar que México tiene el peor sistema de salud de su historia exigiría una comparación rigurosa que no puede sustituirse por una consigna. Sin embargo, tampoco es razonable ignorar las deficiencias denunciadas por los propios trabajadores y las dificultades que enfrentan los pacientes. La promesa de atención universal y digna debe juzgarse frente a la experiencia de quienes necesitan el servicio, no exclusivamente mediante informes oficiales.
La Cuarta Transformación convirtió el bienestar en una de sus principales banderas. Por eso, sus resultados deben examinarse precisamente en los ámbitos donde ese concepto adquiere un significado tangible. El agua y la salud no son privilegios ni concesiones administrativas. Son derechos que requieren presupuesto, planeación, infraestructura, mantenimiento, personal suficiente y rendición de cuentas.
Hay, además, una cuestión democrática. Cuando la protesta ciudadana obliga a revisar un operativo policial, reconocer faltantes o anunciar medidas correctivas, queda de manifiesto la importancia de una sociedad capaz de exigir resultados. La respuesta del poder no puede consistir en reducir la inconformidad a una maniobra de sus adversarios. Gobernar supone escuchar incluso a quienes incomodan, especialmente cuando reclaman aquello que las instituciones tienen la obligación de garantizar.
Dinamarca se convirtió en referencia del debate mexicano por la promesa de construir un sistema sanitario eficiente. La distancia con ese modelo no se mide en kilómetros ni se acorta mediante declaraciones presidenciales. Se mide en la receta que se surte completa, en el hospital que dispone de personal suficiente, en la consulta que llega a tiempo y en el agua que una familia puede utilizar sin temor.
La transformación de un país debería advertirse primero en esas experiencias ordinarias. En el vaso de agua que puede beberse con seguridad; en el médico que cuenta con los instrumentos necesarios para atender; en el paciente que recibe su tratamiento y en el trabajador que encuentra condiciones dignas para cumplir su labor.
Mientras los ciudadanos tengan que salir a la calle para exigir agua limpia y los trabajadores sanitarios deban marchar para reclamar insumos, las promesas seguirán sometidas a una prueba elemental. El Gobierno puede presentar cifras, anunciar inversiones y señalar responsabilidades heredadas. La ciudadanía, entretanto, formula preguntas mucho más sencillas y difíciles de eludir: ¿puedo confiar en el agua que llega a mi casa?, ¿encontraré el medicamento que necesito?, ¿recibiré atención cuando la requiera?
Tan lejos de Dinamarca y tan cerca de la 4T. La distancia entre el país prometido y el país cotidiano no se resuelve con propaganda. Se revela al abrir una llave, acudir a una clínica o esperar un medicamento. Allí, lejos de los podios y las conferencias, se encuentra la medida más exigente de cualquier gobierno: cumplir.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
