Parece que el  conflicto legal que se vienes es más complicado de lo que aparenta, ya que el Parque Nacional de la Justicia, en donde estará la nueva sede de la Fiscalía General de la República (FGR), se ha convertido en una lucha de poder y de una disputa entre el organismo judicial  y particulares por la propiedad de 53 hectáreas en Santa Fe, una zona de mucho valor al poniente de la Ciudad de México.

La pelea legal de la fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, está basada a partir de un decreto que fuera emitido hace 115 años por el presidente Porfirio Díaz y en una ley sobre predios baldíos, con las cuales la FGR parece ir ganando terreno en el aseguramiento de propiedades alrededor de su próximo búnker a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, que busca obtener por medio de procesos penales, lo que no ha conseguido el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) mediante demandas civiles.