A poco más de un año del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, emergen dos ejes disruptivos que rebasan lo deportivo: la gestión migratoria en sedes trinacionales y la creciente presión sobre el modelo económico del torneo.

En el plano político, organizaciones civiles en Estados Unidos han advertido que las restricciones migratorias podrían afectar la movilidad de aficionados latinoamericanos, particularmente de México y Centroamérica. La exigencia de visas y controles reforzados contrasta con la narrativa de apertura que impulsa la FIFA. Este desfase podría traducirse en menor asistencia internacional y presión diplomática entre países sede.

En lo económico, el esquema de inversión pública para infraestructura —estadios, transporte y seguridad— está siendo cuestionado por su rentabilidad real. En ciudades anfitrionas se anticipa un incremento significativo en costos operativos, mientras especialistas advierten que el retorno turístico podría estar sobreestimado, replicando patrones observados en mundiales previos.

En el frente deportivo, la ampliación a 48 selecciones redefine la competencia: más partidos, pero con riesgo de diluir el nivel en fase de grupos. Sin embargo, también abre espacio a mercados emergentes, lo que refuerza la estrategia comercial global del torneo.

Lectura clave: el Mundial 2026 no solo será el más grande en formato, sino también una prueba de estrés para la gobernanza deportiva, la política migratoria regional y la viabilidad económica de los megaeventos.