A tres décadas de la reforma al artículo 27 constitucional, que abrió la posibilidad de vender terrenos ejidales, la propiedad social en México ha disminuido solamente 5 por ciento, según el Registro Agrario Nacional (RAN); sin embargo, las mejores tierras han sido acaparadas por particulares a través de contratos de arrendamiento, uso y usufructo –muchos de ellos leoninos–, así como de estrategias legales e ilegales, aseguran dirigentes campesinos.

Contra lo que se esperaba cuando se aprobó la reforma, a la fecha sólo se han vendido 5 millones 294 mil 556 hectáreas, sobre todo de zonas de riego, turísticas y de expansión urbana; en tanto, los núcleos agrarios aumentaron de 31 mil 27 a 32 mil 222 y el número de sujetos de derechos agrarios se incrementó de 3.5 millones a 5.3 en la actualidad.

La mayoría de los convenios para rentar terrenos ejidales no son reportados al RAN, pues no es obligatorio hacerlo; por tanto no existen datos precisos a nivel nacional sobre la cantidad de hectáreas que se encuentran en esta situación, ni las condiciones en que se firman los acuerdos.