Raúl Contreras Bustamante

Esta semana, en la Facultad de Derecho de la UNAM se llevó a cabo el conversatorio El impacto del tráfico ilícito de armas en la agenda bilateral, hemisférica y global de México, a través de nuestra plataforma digital.

Fue un acercamiento de la comunidad académica y funcionarios del más alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, organizado por el Colegio de Profesores de Derecho Internacional.

Se expuso que todos los días millones de personas padecen las consecuencias —ya sea de manera directa o indirecta— de un comercio de armas irresponsable e ilegal, cuya regulación enfrenta grandes retos.

Miles de personas mueren todos los años en nuestro país víctimas de delitos cometidos con armas fabricadas en Estados Unidos, las cuales son compradas por cárteles y delincuentes mexicanos. Esas mismas armas generan condiciones que obligan a poblaciones enteras a abandonar sus hogares o a vivir bajo la constante amenaza de la violencia y la comisión de delitos.

Por lo anterior, la cooperación entre Estados Unidos y México en el combate al comercio ilegal de armas es no solo necesaria, sino imprescindible. Estos esfuerzos conjuntos comenzaron en 1996, aunque de manera lamentable las políticas desarrolladas e implementadas no han tenido los resultados esperados.

El tema es de la mayor relevancia para ambas naciones, pues durante el conversatorio —según datos ofrecidos por Fabián Medina Hernández, jefe de la Oficina del Canciller— cada año, alrededor de 280 mil armas cruzan la frontera hacia México, y es que tan sólo en la franja fronteriza del vecino existen cerca de 10 mil armerías.

A decir del Departamento del Comercio de Estados Unidos, se calcula que la producción de la industria armamentística representa el 50% de todas las transacciones mundiales ligadas a la corrupción.

Amparados en la segunda enmienda de su Constitución, el derecho de los estadunidenses a poseer armas es casi un dogma intocable. Por ello, el reto por combatir el tráfico ilegal es de una magnitud mayúscula.

Se calcula que, en aquel país, cerca de 400 millones de armas se encuentran en manos de civiles. El dato anterior es escalofriante si tenemos en cuenta que su población es de poco más de 329 millones de habitantes, es decir 1.2 armas por cada habitante en Estados Unidos.

La directora para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandra Bracho, advirtió que en nuestro país el 70 por ciento del tráfico ilícito de armas proviene de Estados Unidos y que durante la administración Trump la problemática se agravó.

No olvidemos que la sociedad estadunidense también padece constantes fenómenos atroces, como masacres, tiroteos públicos y que allá en seis de cada 10 suicidios está involucrada un arma de fuego.

Asimismo, se destacó que dentro de las acciones que se buscarán implementar con el próximo presidente de Estados Unidos se encuentran —entre otras—: prohibir las armas de asalto y cargadores de alta capacidad, restringir el número de compras de armas de fuego por individuo a solo una por mes, prohibir la compra o posesión de un arma a personas condenadas por delitos de odio, impedir la venta de armas en línea y reformar el sistema de verificación de antecedentes.

Es necesario replantear la estrategia a seguir en el combate al tráfico ilícito de armas, donde la educación será pieza clave para fortalecer a las nuevas generaciones para convencerlas de que el fracaso de la razón es el triunfo de la violencia y, con ello, el del odio y la injusticia.

Como Corolario, la frase de Martin Luther King: “Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer juntos como necios”.