Con independencia de a quien asista la razón jurídica y política de la invalidación por motivos “procedimentales” a cargo de nueve ministros de la Corte de la primera parte del llamado plan B de la reforma electoral, presentado y aprobado en el Congreso por los legisladores de la Cuarta Transformación, y el rechazo de las oposiciones partidistas, se puede afirmar que el primer círculo del Poder Judicial no previó que sería exhibido como la casta de los más favorecidos del viejo régimen y en alguna medida del que está en construcción, en tanto que aún no puede limitar los tremendos excesos y presuntas o reales ilegalidades de los jueces de élite.
Y sobre todo que desatarían reacciones en la opinión pública y publicada, también en los subestimados de casi siempre, esos que ahora son reivindicados más allá del discurso, en la práctica política. Allí gozan o padecen de mínima credibilidad y hasta la nombran distinto, la Suprema Corta, porque la justicia todavía tiene precio y es muy alto, desde la cúspide hasta la base del Poder Judicial que, al decir del presidente Andrés Manuel, está podrido.
Fue el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien en la Comisión Permanente colocó los puntos sobre las íes, les recordó que los ministros que avalaron tal resolución podrían ser citados a comparecer e incluso ser sometidos a juicio político. También que el Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, “lo que sucede es que no las hemos ejercido”, además lamentó la actitud triunfalista de los opositores que “aplaudieron como focas esa resolución del máximo tribunal en la que asumió facultades del Congreso”. ¡La Corte no se toca!, gritó el coordinador de los contados senadores priistas, mismo al que la periodista Manú Dornbierer presenta como colaborador de narcotraficantes cuando gobernó Acapulco, Guerrero.
El zacatecano senador –con doctorado en Derecho constitucional y administrativo– también fue el primero en denunciar algunos de los 40 beneficios excesivos de la casta de privilegiados: sueldo de 300 000 pesos mensuales, aguinaldo de 600 000 pesos, prima vacacional de 100 000. Cada ministro recibe 80 000 pesos al mes para comer en restaurantes, pese a contar con un comedor especial en la Corte. Y 5.5 millones de pesos para el pago de personal a su cargo. Tienen dos Suburban blindadas, que valen 6 millones de pesos, vehículos que se renuevan cada año y con los que se pueden quedar al retirarse. Pago por riesgo de más de 640 000 pesos anuales, pago por gasolina de 22 000 pesos al mes, seguros para sus autos y casas, atención especial para todo trámite.
Sin embargo, algunos de sus compañeros de partido pero no de preferencia para junio de 2024, le regatean la evidente corrección de rumbo a Monreal, después de que llegó al extremo de votar en contra de dos iniciativas de Morena en el Senado. Pero algo sucedió en la reunión de los senadores con López Obrador el 28 de abril, a la que asistieron los cuatro aspirantes presidenciales de Morena, en el caso de Monreal fue su primer encuentro con AMLO dos años después y donde predominó la convocatoria del tabasqueño a la unidad. Más tarde vendría el “No traicionaré al presidente”, por parte del doctor que el día previo fue rebasado por sus compañeros como coordinador parlamentario y él lo reconoció sin aspavientos.
Con todo, lo principal es que se abre paso en el debate la propuesta presidencial para que ministros y magistrados sean electos por el pueblo, tal y como sucedía en la República restaurada, y dejen de ser un resultado de negociaciones políticas.
Acuse de recibo
“Mi estimado Ibarra, no podía ser más atinada la orden de que comparezcan 300 soldados ante la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. Y muy estimulante y gratificante. Al menos a mí me pone de pláceme porque es prueba adicional de que el pueblo obligó a la dictadura priista a respetar su voluntad en julio del 18 y AMLO está cumpliendo lo que prometió –de lo que tengo mínimos asegunes– y va cristalizando el harto entelarañado deseo radical del pueblo de justicia en todos los órdenes, Por cuanto a la represión del Ejército a movimientos sociales durante el gobierno de (Adolfo) López Mateos, creo que pudo ser por órdenes directas de (Gustavo) Díaz Ordaz, entonces secretario de Gobernación. Al paso de los años veo esa represión militar por órdenes suyas como anticipo de lo que podríamos esperar de Díaz como presidente...” La opinión es de Moisés Edwin Barreda sobre http://www.forumenlinea.com/
