Ante la grave devastación que genera la empresa minera Calica, subsidiaria de la empresa estadounidense Vulcan Materias, al extraer materias para la construcción (grava, arena, etc.) de un banco de materiales en la Península de Yucatán, el gobierno de México ha reaccionado y con debida razón, aplicando todo el peso de la Ley.

En una de sus conferencias mañaneras, AMLO se lanzó con todo, insistimos, con toda la razón:

“He dado instrucciones a la secretaria (María Luisa Albores) para proceder de inmediato legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país.”

Pero, frente a los posicionamientos y las protestas de grupos medioambientalistas, personajes públicos, arqueólogos e historiadores que han hecho un llamado de atención hacia la devastación de una buena parte de la selva, los recursos naturales y las afectaciones a cenotes y ríos subterráneos derivadas de la construcción del Tren Maya, el gobierno de México manifiesta una doble moral y discrecionalidad en la aplicación de la Ley.

Es lo mismo y debería ser igual

El problema es que, al mismo delito, no le dan el mismo trato, a pesar de que hay evidencias de que las obras del Tren Maya han afectado al medio ambiente y de la explotación y despojo de terrenos en gran parte de la Península de Yucatán de igual o peor manera que lo hace o hacía Calica, con un agravante, la destrucción de vestigios y zonas arqueológicas.

Sin embargo, el Gobierno Federal determinó considerar todo lo relativo a la obra del Tren Maya como un tema de “seguridad nacional” y por lo tanto, quienes exigen la aplicación de la Ley, son considerados “traidores a la patria”.

La piedra en el zapato

El Tren Maya realmente ha sido un verdadero dolor de cabeza para AMLO. El problema surgió desde el momento mismo de su planteamiento y propósito, una mezcla entre tren de carga, tren de pasajeros y tren turístico panorámico. Lleno de buenas intenciones y buenos propósitos, pero sin ninguna planeación, ni en ingeniería, financiera, social y ni estudios previos. Al “chilazo”, pues.

Este megaproyecto ha sido un verdadero viacrucis, sin pies ni cabeza, sobre la marcha los desarrolladores han cambiado el plan al menos en siete ocasiones, algo en lo que quienes se oponen al proyecto no han tenido nada que ver.

Los cambios

A finales de 2020, al cancelar la licitación en la que BlackRock se presentó como único participante, AMLO anunció que el Tramo 5 ya no sería financiado mediante una asociación público-privada, sino con recursos públicos, dividiéndose en dos segmentos: norte (Cancún-Playa del Carmen) y sur (Playa del Carmen-Tulum).

Así, el Tramo 5 sur se adjudicó mediante licitación a Grupo México y el norte quedó en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entidad que en marzo del 2021 anunció que construiría su trazo en un segundo piso al centro de la carretera 307, la mejor solución que habían encontrado los ingenieros militares.

Sin embargo, a finales de 2021, se canceló el tramo elevado y nuevamente fue modificado, esta vez se informó la vía correría a ras de tierra y que la moverían a un costado de la carretera para correr del lado de las líneas de alta tensión de la CFE paralelas a la autopista 307, un cambio importante, más tomando en cuenta que ya se habían invertido muchos millones en el tramo original

En un tercer cambio, se estableció que el Tramo 5 norte correría en su totalidad a ras de tierra, a través de terrenos particulares y tierras del ejido de Puerto Morelos.

La última modificación en el Tramo 5 norte, implica la suspensión de trabajos a la altura de Playa del Carmen donde se construía desde hace más de dos meses un bulevar elevado que atravesaría la mancha urbana.

Tren Maya: Carísimo

Estas modificaciones han provocado que, desde la presentación del proyecto en 2018 hasta la fecha, el costo ya se haya elevado al doble, de un presupuesto original de 120 mil millones de pesos a casi 230 mil millones de pesos, según informó antes de su salida, el exdirector de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.

El trato que se da al Tren Maya pone en evidencia la doble moral y la discrecionalidad en la aplicación de la ley. El gobierno lo justifica todo e incluso AMLO no ha dudado en acusar a los jueces que fallan en contra de estar “maiceados”o trabajar para los intereses de particulares e incluso, ha llegado al extremo de intentar “internacionalizar” el asunto culpando al departamento de Estado del gobierno estadounidense de financiar los amparos.

Un proyecto poco rentable, que temporalmente es una derrama económica para la región pero sin viabilidad financiera, está destinado al fracaso y altos costos al pueblo.

De haber seguido con la Zonas Económicas Especiales y parques maquiladoras, el capricho tendría viabilidad. No será. Al tiempo.