Tarde, salvo mayor información oficial, fue declarada como obra de seguridad nacional la construcción del Tren Maya para que pueda reiniciarse la construcción del tramo cinco, parado gracias a los amparos concedidos por varios jueces a presuntos ambientalistas y detrás de los cuales están grupos económico que tienen grandes intereses en Quintana Roo, si nos atenemos a las denuncias formuladas por el presidente Andrés Manuel durante las mañaneras.

El martes 19, López Obrador aseguró a los madrugadores reporteros: “Por ser asunto de seguridad nacional se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando. Tenemos facultad para hacerlo. Desde hace una semana iniciaron las obras y se va avanzando”. Un día antes, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, adelantó que el tramo cinco del Tren Maya estará a cargo, jurídicamente hablando, de las secretarías de Gobernación y la de Seguridad y Protección Ciudadana.

Todo indica que la paralización del tramo quinto de la obra ferroviaria “estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo” y, por ello mismo, “no por los intereses de un grupo de corruptos y seudoambientalistas, no vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo”. Pero es posible localizar voces auténticas como la del sacerdote jesuita Miguel Concha Malo.

Incremento del costo que resulta injustificable aunque éste es el objetivo de quienes promueven la guerra jurídica o persecución judicial (Lawfare) contra el gobierno de AMLO.

De allí la pertinencia de registrar la tardanza oficial para hacer frente en forma legal a las argucias de, entre otros, Mexicanos Contra la Corrupción, propiedad de Claudio X. González y con Juan Ramón Cossío como estratega jurídico, al decir de Obrador aunque el exministro lo niega con tono sacerdotal en los micrófonos de Aristegui Noticias.

El fundamento para la declaratoria de una obra de seguridad nacional es el acuerdo expedido por el titular del Ejecutivo federal, el 22 de noviembre de 2021 y publicado simultáneamente en el Diario Oficial de la Federación. Ahí se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno en diversos renglones. Acuerdo que asigna a Palacio Nacional facultades extraordinarias, que ya han sido impugnadas, pero que están en proceso de resolución judicial.

Mas ésta es apenas una batalla más de la guerra jurídica o persecución judicial (lawfare), importante sí para que la obstrucción política y empresarial envuelta en el discurso ambientalista no genere más daños al erario.

Sin embargo, otras importantes contiendas de la guerra jurídica de los adversarios de la Cuarta Transformación están en curso con los amparos expedidos por jueces a modo para que la trasnacional energética Iberdrola no pague una multa de 9 mil de millones de pesos, gracias a la suspensión definitiva obsequiada por el juez Ramón Lozano Bernal.

En tanto que Juan Pablo Gómez Fierro, célebre por favorecer a los consorcios energéticos, otorgó una nueva suspensión definitiva a favor de 10 empresas que se resisten a aceptar el esquema de compras de gas natural emitido en junio pasado por la Secretaría de Energía. Y Monsanto quedó protegida por ahora, por medio del juez Francisco Javier Rebolledo Peña que declaró inconstitucional y concedió un amparo a la transnacional para contrarrestar el decreto presidencial de diciembre de 2020 que prohíbe el uso del glifosato y el maíz transgénico.