Es pertinente preguntarse sobre lo que habrá de acontecer una vez que se den a conocer los resultados de la elección la noche de la jornada electoral en el 2024. La elección de 2000 es un momento equiparable. Existía la duda, fundada en el prejuicio, de que el PRI y el gobierno no reconocerían un resultado adverso. No ocurrió así. El IFE presidido por José Woldenberg dio los resultados de lo que representaría el fin de una época. El cambio más importante en más de medio siglo y el país vivió la sucesión presidencial más tersa de la historia, de Guadalupe Victoria al día de hoy.

Lo acontecido no fue accidente. Fue producto de una larga construcción política, siempre a contrapelo de la desconfianza. El mismo candidato que resultaría ganador, Vicente Fox, al momento de sufragar manifestó su reserva de que se le reconocería el triunfo. En ningún momento estuvo sobre la mesa de la oficina presidencial desconocer el resultado, justo lo contrario, garantizar el desempeño del órgano electoral y hacer todo para contribuir a la certeza de los resultados y su reconocimiento oportuno, ganara quien ganare. El diálogo honesto y directo permitió encauzar la impaciencia del ganador y el temor de los perdedores, esto abrió la puerta grande a la normalidad democrática. 

Hoy, es común escuchar que el presidente López Obrador no reconocería un resultado que fuera contrario a su causa. La idea viene de que nunca lo ha hecho, aunque los comicios de 2021 indican otra cosa. Él tiene un compromiso con el país para hacer su parte en el objetivo compartido por la certeza electoral. Pero no es una tarea de sólo él. De hecho, los gobernantes no son sujetos relevantes de la formalidad de la elección, ese día, su única responsabilidad es acudir a depositar su voto. Sí lo es, desde luego, el órgano electoral, responsable de la divulgación de los resultados preliminares. También, en su momento, del Tribunal Electoral para desahogar las diferencias que pudieran resultar. En realidad, aunque no debe soslayarse la importancia que tiene en la formación del consenso político y los recursos de poder asociados a la investidura, el día de la elección, el presidente sólo es un ciudadano más.

¿Qué sucedería si el presidente no reconoce a quien resulte ganador(a) de la elección? En estricto derecho nada. Los comicios son procesos regulados, institucionales y el presidente no debiera tener intervención mayor antes, durante y después de la elección. Si él se inconforma con el resultado, como todo ciudadano puede recurrir a las instancias que la ley permite. Nada más. En realidad, todo dependerá de lo que hagan todos los actores y procesos asociados al reconocimiento de la validez de la elección.

A 23 años de la primera alternancia en la presidencia se advierte el surgimiento de riesgos para la democracia. Las instituciones hasta el momento han resistido las pulsiones autoritarias y las visiones maximalistas sobre el ejercicio del poder. Ha sido un proceso accidentado, pero no se puede regatear la vigencia de las libertades políticas y que el régimen republicano se ha robustecido con una Suprema Corte garante de la Constitución y con una diversidad de instituciones que funcionan a pesar de un entorno adverso y en ocasiones hostil. Puede afirmarse lo mismo de la sociedad civil. La polarización no ha arrollado la convicción de que es más lo que nos une que lo que nos divide. Existe un anhelo compartido en la mayoría de los ciudadanos para preservar el orden social que permite la convivencia en libertad.

El empeño por la certeza electoral es responsabilidad compartida. No sólo de las autoridades de gobierno. A todos convoca y compromete. Cada uno tiene una tarea que acometer. Los ciudadanos, algunos participando en la organización de la elección, otros apoyando a los candidatos o causa de su convicción y otros más participando con su voto. La observación electoral es una tarea ciudadana importantísima y las condiciones de la contienda invitan a una presencia mayor de ciudadanos y sus organizaciones, como en aquellos momentos en los que la desconfianza estaba en el centro de las relaciones políticas en el 2000.

El optimismo sobre lo que pueda ocurrir no vendrá del simple propósito de que así suceda. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Singularmente los medios de comunicación y, desde luego, los sujetos más relevantes de los comicios: los partidos políticos y los candidatos. El INE tiene un compromiso mayor, una tarea que no recae en quien preside el Consejo, sino en quienes lo integran. 

Deberá quedar claro que lo deseable es una actitud responsable, prudente e institucional del presidente López Obrador. Las campañas se anticipan intensas, la competencia encendida y un desenlace por ahora incierto. Aun así, todo deberá hacerse para que la elección y su calificación pueda transitar bajo estricta legalidad, respetando con rigor y escrúpulo el sufragio y de esta manera, tal como ocurrió casi hace un cuarto de siglo, una elección que ratifique la normalidad democrática.