El desdén o rechazo del presidente López Obrador a todo lo que está fuera de su ámbito de mando es la marca de la casa. El agravio al Poder Judicial Federal, Congreso, INE, órganos autónomos, sociedad civil o a la oposición es ostensible. Así decidió inaugurar su presidencia y así ha continuado. Un estilo de gobernar fuera de la simulación de ayer, pero también -hay que subrayarlo- al margen de la civilidad republicana en la que el presidente es, también, jefe de Estado y, por lo mismo, comprometido a velar por el conjunto del país, incluso por quienes tienen un estatuto de independencia o de autonomía respecto al gobierno.

El país necesita a su presidente. Siempre. Pero, López Obrador, por convicción e interés ha resuelto transitar por la polarización, lo que excluye al otro, a quien él hace ubicar en el campo de la ilegitimidad histórica, moral o política. Como candidato en su última edición dio espacio al pragmatismo para sumar de todo. Se trataba de ganar el poder. Ya en la Presidencia excluye de manera sistemática y en cualquier ámbito de ejercicio de la responsabilidad presidencial, incluso en los temas más graves y serios como el desencuentro con los socios comerciales o el manejo de la pandemia, donde no fue relevante el Consejo de Salubridad General, la instancia de inclusión social e institucional creada por la Constitución para hacer frente a las emergencias sanitarias.

Un presidente que se desentiende de su responsabilidad como jefe de Estado, es decir, ver por el todo, adquiere expresiones preocupantes cuando su postura se reproduce en los integrantes de su gobierno, afortunadamente no en todos. Es lamentable lo que acontece con el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval. Su desdén a atender la solicitud del Congreso para conocer su postura respecto del ataque a la información digital de que fue víctima la Sedena es una afrenta a la democracia. Invocar como razón para cancelar el encuentro con diputados por la actitud de un legislador, por importante que sea es un error ya que se castiga al todo, por la imprudencia supuesta de uno de sus integrantes.

Más allá de la reacción inicial de López Obrador, el hackeo a la Sedena es un evento criminal extremadamente preocupante por sus implicaciones. El país tiene el derecho y el Congreso la obligación de investigar al respecto. Se trata de un evento con graves consecuencias; la información que se da a conocer, en varios sentidos compromete a la seguridad nacional y eso, en sí mismo, merece respuestas, explicaciones y, especialmente, una investigación por parte del Poder Legislativo, además de otras instancias de autoridad como la FGR.

La actitud del general secretario Luis Cresencio Sandoval también es una descalificación política a aquellos que decidieron dar su aval legislativo a la militarización al aprobar, en contra de la Constitución, que la Guardia Nacional sea adscrita a la Sedena, y a la determinación del Constituyente Permanente de extender inclusive hasta 2028 la facultad del presidente de la República de recurrir a las fuerzas armadas regulares en materia de seguridad pública. El general secretario no entiende que en el pedir está el dar; su respuesta es una dura lección para la política y para los congresistas.

Difícil que López Obrador pulse la gravedad de los hechos. Su inaceptable y ciega entrega al código castrense inhibe la posibilidad para reconvenir a su subordinado por la ofensa al Congreso. Lo ocurrido no guarda precedente en la historia reciente de México y destaca por su significado para un mandatario preocupado por un lugar en la retrospectiva nacional; dos formas de capitulación le significarán un elevado costo: con el sector militar y con el presidente D. Trump.

Resulta claro que el diferendo de cómo el secretario resolvió atender la solicitud de la Cámara de Diputados no debe ventilarse bajo el prisma partidista, tampoco del de aquellos a favor, en contra o en connivencia simulada con López Obrador. El asunto remite a la institucionalidad del Estado mexicano y a la responsabilidad del Poder Legislativo y sus integrantes en salvaguardar a la República. En adelante, la Cámara es responsable de llamar al funcionario, por ser de interés nacional, a que en sesión del pleno o en comisiones informe al respecto. Los legisladores deberán comportarse al margen de todo sentimiento de agravio o revancha. Los errores de las personas y los desencuentros que ocasionen no deben dar lugar al distanciamiento entre la representación popular y las fuerzas armadas.