Javier Treviño

El Presidente firmó el viernes 29 de enero una iniciativa de graves consecuencias para la nación. Seguramente su consejero jurídico lo abordó, antes o después de la grabación de su video de YouTube, recorriendo los pasillos de Palacio Nacional. Mientras que a todos nos decía que estaba recuperándose y nos platicaba de sus gestiones sobre las vacunas, no nos advirtió que enviaría una bomba al Congreso el lunes 1 de febrero.

El Consejo Coordinador Empresarial, y las doce organizaciones del sector privado que lo integran, dieron a conocer ayer su posición ante esta iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

El gobierno cruzó una línea roja y la respuesta de las empresas no se hizo esperar:

1. El texto que el Presidente envió a la Cámara de Diputados es contrario a los objetivos que el mismo gobierno se ha planteado. De ser aprobado, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad.

2. La iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica. Es inconstitucional.

3. Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión, nacional y extranjera, en medio de la crisis provocada por la pandemia, justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica.

4. El envío rompe la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

5. Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad.

6. Atenta contra los compromisos internacionales, que incluyen acuerdos comerciales y tratados sobre protección de inversiones y del medio ambiente, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.

7. Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.

8. Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública.

9. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos.

10. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.

El CCE y las organizaciones del sector privado exhortaron al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que es inconstitucional.

Este caso pinta de cuerpo entero a AMLO

¿Por qué? Mientras que muchos de los que lo observamos pensamos analíticamente, el Presidente piensa políticamente.

El pensamiento analítico se fundamenta en la evidencia y no en las emociones. Nos hacemos preguntas. Vamos al detalle y a la metodología. Investigamos y organizamos las ideas con precisión y claridad. Descomponemos las partes de un problema para entender su estructura y cómo se interrelacionan. Identificamos lo relevante y lo superfluo.

Formulamos hipótesis, replanteamos el problema, definimos alternativas, opciones, con sus ventajas y desventajas, recomendamos cursos de acción, prevemos caminos alternos en caso de que falle la recomendación.

La reflexión y el planteamiento de nuevas estrategias permiten que se seleccione e implemente la decisión más adecuada.

El pensamiento político es diferente. Hace algunos años leí el libro de Michael Freeden, “The Political Theory of Political Thinking”. Ahí se formula la pregunta clave:

¿Qué es el pensamiento político? Freeden lo define:

“Determina políticas, construye y dirige planes y, de manera más ambiciosa, proyecta visiones colectivas. Se expresa y transmite a través de intensidades y habilidades de persuasión, retórica, emoción o amenaza que impregnan el habla y la escritura y, en parte, la comunicación no verbal; así como a través del silencio deliberado”.

Los intentos discursivos, argumentativos y expresivos de ejercer el poder permean las otras cinco esferas del pensamiento político que señala Freeden:

1. El autodefinido ejercicio incontestable de la toma de decisiones como triunfo y afirmación de la capacidad y derecho de excluir de consideración las reivindicaciones individuales y grupales, o subordinarlas a criterios que emanan de la esfera política; o la supresión controlada de dichos reclamos antes de su articulación.

2. Una lista de prioridades que busca ser indiscutible y la eliminación de otras prioridades.

3. La expresión, la obtención o la utilización del flujo de consentimiento, aquiescencia u oposición hacia sistemas, procesos, grupos y líderes políticos.

4. La regulación, estipulación o dislocación de las relaciones sociales espaciales entre grupos.

5. El intento de control sobre el tiempo social futuro.

Mientras que muchos de nosotros pensamos analíticamente, el presidente de México piensa políticamente. Tal vez por eso se genera la frustración generalizada. La tarea de gobernar es tomar decisiones.

Lo que el Presidente decide hacer y no hacer nos muestra, en gran medida, su estrategia. La calidad del pensamiento que está detrás de esas decisiones es lo que determina la calidad de la estrategia.

El Presidente está tan ocupado con las elecciones que tal vez no se ha puesto a examinar cómo piensa sobre las decisiones estratégicas para el país. Apenas enfrenta un problema o reto nuevo, inmediatamente nos cuenta una referencia histórica, infiere lecciones y trata de aplicarlas ante la situación. A eso se le llama razonar por analogía. Una analogía siempre es poderosa, pero también tiene defectos y conduce a cometer errores.

Tal vez, en la 4T se sienten cómodos con las analogías porque así no tienen que entender cada aspecto del problema. Ponen atención, y hacen que “el pueblo” ponga atención, en sólo un aspecto del problema y usan las lecciones del pasado para aplicarlas a los problemas del presente.

El peligro es usar una analogía sobre la base de una similitud superficial. Porque una vez que una analogía se incrusta en la mente del tomador de decisiones, y de su equipo cercano, es muy difícil desecharla. Peor aún si el tomador de decisiones está vinculado emocionalmente con la analogía, como lo es la nacionalización de la industria eléctrica del presidente Adolfo López Mateos.

Adicionalmente este problema se refuerza con la tendencia del tomador de decisiones de buscar información que confirme lo que él piensa y a ignorar los datos contradictorios. Desde la perspectiva de sus colaboradores cercanos, el Presidente siempre está en lo correcto.

El riesgo que corremos es que su pensamiento político se convierta en pensamiento soberano.