La crisis del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX es un problema que además de colapsar las vialidades, puede provocar la contracción de la inversión, mayor desempleo en una ciudad con pocas plazas laborales, retroceso económico, empobrecimiento e ingobernabilidad en la capital del país, aparte de una afectación definitiva al proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum.

Se necesitaron tres días de paro laboral y protestas en las calles de los empleados del Poder Judicial de la Ciudad de México, motivadas por el retraso en el pago de sus salarios (el aguinaldo es parte integrante del salario), para que el magistrado presidente, Rafael Guerra, encontrara los recursos económicos necesarios para cumplir con su obligación patronal.

El TSJCDMX resuelve las disputas legales de todos los órdenes: civil, mercantil, penal y laboral, en la capital del país. Tres días sin administración de justicia pueden parecer un asunto menor cuando no se entiende lo que un tribunal representa y el impacto que tiene en una comunidad. Además de los miles de trabajadores y familias afectadas por la falta de pago de salarios, está el daño económico inmediato, por el retraso, para todos los particulares involucrados en juicios en estos momentos. Otro tema es el retraso en los procesos de aquellos que, privados de su libertad, enfrentan un juicio o esperan que se les inicie uno, por haber sido acusados de delitos que aún no se sabe si cometieron. Son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, pero están encarcelados bajo la inconstitucional y abusiva figura de la prisión preventiva.

Además está el perjuicio económico de largo plazo provocada a la ciudad; las expectativas, negativas, generadas por el problema y sus consecuencias. Los inversionistas, los que arriesgan sus capitales en proyectos en busca de ganancias, esos neoliberales aspiracionistas que, gracias a su apetito de utilidades, crean los empleos que cotizan en el IMSS y permiten tener un salario a la mayoría de los trabajadores, no invertirán su dinero en la construcción de un edificio, en la apertura de una tienda departamental, en la instalación de una panadería, una fábrica de tornillos, una planta potabilizadora de agua o una gasolinera que venda diesel, del que “no contamina”, en una ciudad sin juzgados que funcionen aceptablemente, a los que puedan acudir a demandar justicia, en caso de incumplimiento de alguno de los muchos contratantes con los que deben hacer pactos para materializar el más pequeño de sus proyectos; desde el arrendamiento de un local, hasta el reclamo a un proveedor incumplido. Tener una administración de justicia disfuncional, en forma de juzgados que no trabajan por la razón que sea, como la falta de pago a sus empleados, acaba empobreciendo a una ciudad porque afecta el clima para hacer negocios en ella.

La administración de justicia es una función de gobierno y los tribunales tienen un valor para la estabilidad, la gobernabilidad y el crecimiento de una urbe, que hoy nadie en la Jefatura de Gobierno parece comprender. Imperfecto y urgido de una transformación que no solo lo modernice, que también lo purge de actos de corrupción, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX es indispensable para el funcionamiento de la Ciudad de México. La primera que debería comprenderlo a fondo es la Jefa de Gobierno y, los segundos, son los diputados del Congreso de la CDMX.

Señalar que los trabajadores de los tribunales no tienen por qué protestar, pues sus salarios están garantizados, es la peor declaración que Claudia Sheinbaum pudo hacer para aproximarse a un tema que, quiera o no, la involucra de lleno. Los salarios de cualquier trabajador, de la burocracia o del sector privado, no se deben garantizar, se deben pagar en tiempo y forma, sin un solo día de retraso, porque son intocables.

La falta de recursos para funcionar es, obviamente, el problema que enfrenta el Tribunal Superior de Justicia. La institución lleva, por lo menos, dos años sufriendo de lo mismo. Sus trabajadores aseguran que en diciembre de 2020 se les escamoteó el pago de vales de despensa que tienen como prestación (parte del salario) y en 2021 estuvo a punto de ocurrir lo mismo, pero otro paro de labores lo evitó.

México es la economía 15 del mundo y la CDMX es una de las megalópolis del orbe, además de ser la de mayor aporte al PIB nacional. Con esas condiciones, es inconcebible que su Poder Judicial no tenga dinero para cubrir los salarios de sus trabajadores.

La causa de la insuficiencia presupuestal es, por supuesto, la incógnita a resolver. Hasta ahora hay dos versiones: la primera apunta a recortes presupuestales ordenados desde la Jefatura de Gobierno y ejecutados por el Congreso de la CDMX en abierta violación a la autonomía del Poder Judicial y a la División de Poderes. La segunda señala malos manejos financieros en la administración del presupuesto aprobado y asignado al TSJCDMX. Las causas no son excluyentes y podrían ser ambas.

En principio, la posición de Sheinbaum implícitamente se decanta por la segunda opción al señalar que los salarios están garantizados, es decir, que el dinero para pagarlos se aprobó y se entregó al tribunal. Ahora hace falta que los diputados aclaren si recortaron o no recursos, las razones por las que lo hicieron en caso de ser así, y también si el presupuesto asignado alcanzaba para pagar lo que se le ha regateado y retrasado a los trabajadores. A estas alturas, la Jefa de Gobierno ya debe tener claro que el problema la alcanza y su falta de una solución de fondo, afecta su imagen y, lo que más le interesa ahora: su proyecto político.

Versiones internas señalan que el magistrado presidente logró el pago del aguinaldo, con cuatro días de retraso, a través de un préstamo y no de una ampliación presupuestal autorizada y entregada por la Secretaría de Finanzas. Esa no es, de ninguna manera, una solución de fondo al problema.

El asunto es sumamente complejo y una solución estructural no está ni en un préstamo ni tampoco en una ampliación presupuestal extraordinaria que solo patee el asunto unos meses hacia adelante.