Todavía no empieza el trabajo en los cuarteles e instalaciones militares de los colectivos acompañantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de la llamada guerra sucia, y ya se escuchan y leen exigencias que son virtuales sentencias sobre algunos de los actores de los años 60-80 del siglo pasado.
Por ejemplo, la exigencia para que el presidente Andrés Manuel “retire su aval” para inscribir los nombres de participantes en graves violaciones a los derechos humanos en cualquier sitio o que sean reconocidos como “servidores de la patria”, como juran sus voceros que se anunció el 22 de junio pasado en el acto oficial de apertura de archivos en instalaciones castrenses, efectuado en el Campo Militar Número Uno y que contó con la participación de familiares de las víctimas, mismas que expresaron allí desacuerdos por medio de cartulinas e interrumpiendo la lectura del discurso del divisionario Luis Cresencio Sandoval sin que pasara absolutamente nada, como signo clarísimo de los nuevos tiempos que vive México.
Inconformidad que expresaron familiares de las víctimas en Chihuahua y Guerrero. En Chilpancingo grupos sociales rechazaron que elementos castrenses trasgresores de las garantías individuales “sean considerados patriotas”, lo que nadie propuso en el acto del día 22. La Organización Campesina de la Sierra del Sur exigió que se busque a los muertos, desaparecidos y encarcelados por el Estado después de 1990, lo cual es harto pertinente, pues el sexenio de Carlos Salinas, el Homúnculo Criminoide, concluyó en 1994 con más de 600 activistas sociales y políticos asesinados. Con los reflejos del pasado, la OCSS dio una lección de victimización al “Responsabilizar a Cresencio Sandoval de cualquier atentado en nuestra contra”. No, pos sí. Dirán que la burra no era arisca, la hicieron.
Por esas y otras reacciones sobrecargadas de sentencias anticipadas, cuando es sabido que las conclusiones de las comisiones de la verdad no tienen carácter vinculatorio, jurídico, resultan oportunas las precisiones de López Obrador formuladas en la mañanera del viernes 8, al descartar que se pretenda “homenajear a mandos militares que ordenaron y operaron la represión”. Fue más allá al asegurar que “se puede revisar” lo que los demandantes enuncian como que Obrador “retire su aval para inscribir los nombres de militares en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas”, como un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber a costa de sus vidas.
No es políticamente correcto recordar que existió la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, que más tarde el PROCUP asociado a los restos de aquél realizó secuestros y asesinato de dirigentes sociales que, según ellos, “traicionaron” a la guerrilla. La verdad es revolucionaria porque es multicolor.
Se habla de soldados, como bien precisó AMLO, mas primero es necesario que se concluyan “las investigaciones y luego se puede poner a consideración la inscripción de los nombres de los soldados. Si ese párrafo les pareció ofensivo, lo analizamos. Se termina toda la investigación y vamos a discutirlo”. Primero la investigación y después las conclusiones.
Los familiares agraviados por la policía política y la milicia es indispensable que asuman que se trata de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, no de una entidad pública para formalizar la verdad de los desaparecidos, asesinados y sus familiares.
