En principio he de decir que a quienes llaman “corcholatas”, nunca habré de nombrarles así. Es una falta de respeto identificar con ese objeto a los mexicanos que aspiran a tener sobre su pecho la bandera nacional a partir del lero de octubre de 2024.
Lo más seguro, es que sea el o la candidata de Morena, quien alcance ese elevado honor, sin perder de vista que en la política lo más seguro es lo inesperado.
Sin embargo, por encima de la denominación a la que me refería, lo preocupante, para un país que se presume y con razón así puede considerarse, como un país de instituciones, desde que en 1929 se fundó el PRI, es la manera en la que, sin sentido y con la complacencia de muchos, se viola la ley.
La señora Claudia Sheinbaum, el martes pasado, le llamó por teléfono a la gobernadora del Estado de Campeche para felicitarla por los audios que ha difundido en su programa semanal, en relación con supuestas o reales declaraciones del Presidente del PRI.
No estoy defendiendo a ese político. Estoy observando que la conducta de la gobernadora campechana es ilegal. ¿Cómo obtuvo esas grabaciones? ¿Con la autorización de quién las difundió?
Además, insulta y ofende a quien está sucediendo en el gobierno. Y si eso es grave e ilegal, más lo es que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México le llame para felicitarla, según le dijo, por su valentía para hacerlo. Se está reconociendo, que violar la ley merece una felicitación pública.
Otro aspirante a la candidatura presidencial, el Secretario de Gobernación, en la ciudad de Aguascalientes, manifiesta que no le preocupa que el Instituto Nacional Electoral lo sancionara, por estar realizando actos de proselitismo, porque “al INE, lo van a desparecer los diputados”
Grave, que un abogado, responsable de la política interior, con estudios de posgrado en la Sorbona, hable con ese desparpajo, y sus declaraciones anticipen la decisión del Poder Legislativo.
Más preocupante todavía, que no se respete la suspensión dictada por un Juez Federal dentro de un Juicio de Amparo, institución de la que nos enorgullecernos los mexicanos por ser garante de los Derechos Humanos, y valla infranqueable para que el poder público no gobierne en contra del Estado de Derecho.
Violar una suspensión de acuerdo con la Ley de Amparo, es un delito, como lo señala la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Se castiga con la destitución del puesto, la inhabilitación para ocupar otro cargo público de tres a nueve años, y prisión por el mismo tiempo.
La autoridad responsable, aun cuando hubiera satisfecho los requisitos que provocaron la suspensión no puede quebrantarla hasta que el juez que la determinó lo diga.
No es excluyente de responsabilidad declararla “razón de seguridad nacional”, porque además, la obra suspendida de ninguna manera se ajusta a lo que determina la Ley de Seguridad Nacional en su artículo tercero, para que así fuera considerada, y aunque lo fuera, tendría que ser el Juez quien determinara si permitía la continuación de los trabajos en esa obra.
Ante este panorama, reflexiono. ¿Es ahora intrascendente respetar la ley? Para gobernar, piensa la 4T, ¿violar la ley es requisito?”
Con lo expuesto, las palabras del Presidente López Obrador además de tener sentido, explican la filosofía política que debemos aceptar: “Al diablo con las instituciones” Como también el dicho por él repetido: “la ley es la ley” con la ironía pronunciada, son una amenaza al orden jurídico.
Everardo Moreno Cruz
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
