Por falta quórum de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, dos legisladores no van a ser juzgados por el momento. Mauricio Toledo (PT), acusado de enriquecimiento ilícito, y Saúl Huerta (Morena), señalado por abuso sexual, salvan la acción de la justicia. Un ejemplo de oprobio de cómo la omisión, la ausencia, el no voto, es una manera de votar. En este caso es para posponer la justicia. El hecho muestra que no se eliminó el fuero, persiste y su uso es el blindaje contra la ley, la impunidad. 

La justicia habrá de alcanzar a los diputados Toledo y Huerta. Ambos tendrán oportunidad para probar su inocencia en las instancias jurisdiccionales y frente a la acusación de la fiscalía y el prejuicio adverso de la opinión pública. 

El voto por omisión remite a la consulta del 1º de agosto, pero allí la abstención tendrá consecuencia definitoria, al ser condicionante la asistencia de cuatro de diez ciudadanos para que el resultado tenga efecto vinculatorio. La validez depende de la participación. 

La omisión en la consulta es mucho más significante de lo que se advierte. El previsible abstencionismo no sería manera de absolver a “los actores políticos del pasado”, quienesquiera que sean estos, más bien sería un rechazo a la consulta misma. No hay tema a resolver porque si hubiere responsabilidad penal, las autoridades tendrían la obligación de proceder con o sin consulta. La aplicación de la ley no se vota. En la consulta hay sobrada hipocresía, no solo por la complacencia del gobierno para actuar frente a la venalidad existente, sino también porque quien la promueve y convoca, el Presidente, dice que está en desacuerdo con juzgar a los corruptos del pasado e incluso anticipó que no participará. Los hechos y la conducta no corresponden con lo dicho. Más aún, el Presidente funda su legitimidad con la denuncia y condena de palabra al pasado corrupto; no hay acciones judiciales para abatir la impunidad, lo poco que hay en materia judicial son procesos legales a modo de las necesidades políticas y pulsiones del Presidente. El efecto de empaquetar a quienes gobernaron hace mucho tiempo con quien lo hizo en el pasado reciente tiene el efecto de absolver a éste. Aquellos tienen el privilegio de la prescripción. Trato igual a casos diferentes. Hablando de mandatarios, con o sin consulta, a Carlos Salinas o a cualquier otro se le puede juzgar por los actos ilícitos que realizó en el gobierno anterior y, desde luego, hay sobradas presunciones de corrupción a desahogar por la UIF, el SAT o la fiscalía, sobre el ex presidente Peña Nieto, el beneficiario, lo que hace creíble si no el pacto de impunidad, sí una decisión calculada del Presidente de no proceder contra su antecesor. Entonces, ¿para qué la consulta? _ Federico Berrueto fberrueto@gmail.com @berrueto