Vulcan Materials Company empresa estadunidense, calculó hasta en 100 millones de dólares las pérdidas durante 2022 por la clausura que le impuso el gobierno federal en el predio de La Rosita, de su filial Sac-Tun (antes Calica), en Playa del Carmen, Quintana Roo, y de la suspensión de su permiso aduanal para operar el muelle de Punta Venado.

Las medidas que el gobierno de México ha tomado en contra de la compañía no sólo incluyen la clausura del único predio que seguía extrayendo piedra caliza, La Rosita, cerrado el 5 de mayo, sino que, además, el 13 de mayo, le suspendió el permiso aduanal para exportar su material desde el muelle, que le había sido renovado apenas en marzo de 2022.

Tal y como manifestó con la clausura del predio de La Rosita, la compañía calificó ─en un informe presentado a sus socios─ de “arbitraria e ilegal” la suspensión de su permiso para exportar materiales vía marítima, pues su concesión para operar el muelle estaba vigente y había sido renovado exitosamente.

“Si la Compañía no pudiera operar completamente en México para el resto de 2022, el impacto potencial en el EBITDA oscilaría entre 80 millones y 100 millones (de dólares), lo que representaría aproximadamente el 5 por ciento de la guía de EBITDA ajustado de Vulcan de mil 720-mil 820 millones (de dólares) para 2022”, informó en su reporte.

“Estas medidas adversas tienen el efecto de cerrar las operaciones de SAC-TUN en Quintana Roo, México”, advirtió.

“Vulcan ha buscado medidas cautelares en México que, de ser otorgadas y cumplidas, permitirían a la compañía reanudar las operaciones normales, incluida la extracción, el procesamiento y la exportación de materiales”, añadió. “La Compañía pretende buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos, tanto bajo el derecho mexicano como internacional, y reanudar las operaciones normales tan pronto como sea posible”, afirmó.

Con información de Milenio.