Hay en la opinión pública nacional e internacional una gran preocupación por los índices de violencia en el país, particularmente en las zonas donde se ha denunciado que hubo mano negra del crimen organizado para influir en los resultados electorales. Las autoridades federales lo niegan, pero no queda duda que la delincuencia sí incidió en la jornada cívica del pasado 6 de junio, tanto en la imposición de candidatos, las renuncias obligadas, el asesinato y las intimidaciones a la población.

Lo más alarmante es que esta violencia en las zonas denunciadas previo y durante las elecciones se ha mantenido y se ha recrudecido. La lista de las 50 municipalidades más violentas presentadas por la SSPC federal confirma que el tema finalmente estaría obligando a la presidencia de la República a ajustar su política de seguridad o, en caso de sostenerse esta tendencia, podríamos tener un escenario crítico para el 2024, donde “el calentamiento de la violencia” pudiera impactar en los resultados.

“Para asegurar la protección política, los cárteles derramaron sangre, no sólo para infiltrarse en el Estado, sino gobernar con él”, editorializó el diario francés Le Monde en referencia a las denuncias sobre narco candidatos que triunfaron.

Esta columna desde el 2019 y el 1 de junio en el portal Julio Astillero advirtió

“¿Para qué sirve una diputación a un delincuente? Para obtener fuero, cooptar otros legisladores, armar una bancada con su propia agenda de intereses y mucha información de primera mano de cómo vendrán leyes que les ayuden o perjudiquen a sus organizaciones”.

Lamentablemente, las fronteras entre el poder político y el poder criminal son cada vez más estrechas y, en cada vez más casos, de abierta convivencia, tal cual sucede en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Sonora o Zacatecas, por citar algunos.

El impacto social de la pandemia trajo consigo también un recambio en la lógica operativa de los grupos criminales, aprovechando el vacío institucional y la ausencia de una estrategia más firme y contundente que detenga el flagelo del crimen.

El filantropismo del crimen organizado (llámense cárteles de la droga, huachicoleros o pandillas) han ido ganando terreno repartiendo “trabajo”, reclutando jóvenes, entregando despensas en varias regiones del país, con el fin de utilizarlos, manifestándose en bloqueos de carreteras, agrediendo a militares a la Guardia Nacional o, en un modelo ya detectado por los órganos de inteligencia, usando la fachada de autodefensas.

La transnacionalización de las bandas de delitos financieros que han aprovechado la explosión de las compras en línea, como esa llamada “mafia rumana” o las salvadoreñas u hondureñas dedicadas a la clonación de tarjetas. Los delitos cibernéticos aumentaron de forma inaudita y la banca sin capacidad de respuesta: fraudes, intrusiones, robos a cuentas bancarias habrían subido más del 40 por ciento en lo que ha durado la pandemia.

La caída de los ingresos por familia en las zonas de clase media baja y baja del país está siendo poco analizada, pues desde la Secretaría de Bienestar sólo aplican programas clientelares no atinan a la recuperación del tejido social. Las fuentes de ingreso estas familias que viven de las peluquerías, de la mercería, la papelería o la tiendita de la esquina, se cancelaron. Estamos entrando a una fase de empobrecimiento múltiple de clases medias bajas y bajas.

Aunado a lo anterior, trae nuevos desplazamientos poblacionales hacia ciudades donde puedan vivir las familias y conseguir trabajo, pero con la consiguiente presión de vivienda, empleo, seguridad pública, entre otras.

La migración intranacional, o mejor dicho: el desplazamiento forzado, tendría su impacto en las ciudades “más desarrolladas” del país, pero, cuidado, también está empujando la expulsión de mexicanos mejor calificados a los Estados Unidos y Canadá, o Europa aumentando exponencialmente la fuga de talentos y de cerebros.

En la jornada electoral, según logramos apreciar en la fotografía que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, subió a su cuenta de twitter, fueron más de 172 incidencias las cometidas por el crimen el día de las elecciones.

El saldo de la violencia política registró al menos 91 personas asesinadas, 36 de las cuales eran aspirantes a un cargo de elección popular. Muy importante señalar que de las más de 90 ejecuciones, 31 se ubican en el ámbito municipal y nueve de cada diez víctimas eran opositores a las autoridades en el lugar donde contendían.

No hay duda que el crimen se infiltró en nuestra democracia y eso tiene muy preocupados a los amigos, socios y aliados de México. La situación anterior se agrava cuando más se atacan y se quieren debilitar a los órganos fiscalizadores de los partidos políticos y sus candidatos, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las Fiscalías, cuando lo que se requiere es precisamente lo contrario: fortalecer su autonomía, su institucionalidad y sus facultades para que detengan candidaturas bajo sospecha de estar financiadas o impulsadas por los enemigos del Estado.

El crimen organizado nacional y, en especial, el transnacional quieren el debilitamiento de las instituciones del Estado mexicano para que amplíen sus operaciones y esto no es un asunto menor.

La seguridad no es asunto de izquierdas o derechas, porque afecta a todos. Sin seguridad no hay democracia, sin seguridad no hay inversiones ni empleos seguros, ni tampoco hay tranquilidad para nuestras familias y nuestra cotidianidad. Lo hemos publicado desde hace más de un año: en este momento nuestro gobierno requiere trabajar la inteligencia preventiva o nos vamos a enfrentar un 2024 cargado del peor peligro históricos de nuestra historia: el narcopoder.

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