Las farsas y manipulación sobre la justicia al Pueblo Yaqui, que ha sido bandera del compañero presidente López Obrador, quedaron al descubierto el pasado sábado, cuando un importante líder de la izquierda mexicana, Mario Saucedo, un hombre de lucha e ideales inquebrantables, ex senador  que fue secretario general del PRD durante la presidencia de Porfirio Muñoz Ledo y que la 4T colocó, como a la mayoría de luchadores sociales, en el baúl del olvido, puso el dedo en la llaga.

Adiós Tomás Rojo

El pasado sábado en la sección del Correo Ilustrado de La Jornada, apareció un escrito de Mario Saucedo en el que dio cuenta de los asesinatos de Tomás Rojo y Luis Urbina, la voz de los Yaquis, dijo que pasarlos por alto “es querer desaparecer al pueblo, sus demandas, su lucha por el agua, por su territorio, por su cultura, por su vida. Es etnocidio”.

“El mejor homenaje a Tomás Rojo, a los yaquis asesinados, a su resistencia, es ser su voz, la voz de su pueblo y la de sus demandas, es exigir justicia. Es demandar que se termine la simulación en los tres niveles de gobierno y castigar a los responsables materiales e intelectuales.

¡Alto al etnocidio en contra del pueblo Yaqui!”

Este llamado de atención recuerda que la crisis y los despojos de las tierras del pueblo Yaqui fueron fruto de uno de los presidentes que más admira Andrés Manuel López Obrador, Luis Echeverría.

En noviembre de 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez, a escasos días de dejar su cargo, decidió expropiar los terrenos agrícolas del sur de Sonora, incluidos terrenos del Valle del Mayo que eran propiedad de cientos de agricultores que se ganaban la vida en forma honrada, sembrando trigo, sorgo, maíz, cebada y otras semillas. Una zona que llegó a ser un importante polo de desarrollo económico por su abundante producción agrícola y donde floreció también la ganadería, el comercio y las agroindustrias.

Este tema, sobre la justicia al pueblo Yaqui, ha sido recurrente desde inicios del siglo pasado, pero no se ha habido voluntad ni intención de ofrecer justicia.

Es también, un asunto altamente explotado por el presidente de la República, el pasado 30 de marzo dijo “no se va a cometer ningún abuso, no va a haber ninguna expropiación en propiedades legítima y legalmente constituidas, y tampoco en ejidos. Es hacer una revisión de cómo está la tenencia de la tierra, del polígono que comprende la resolución presidencial original del presidente (Lázaro) Cárdenas y el tipo de propiedad que existe ahora, y cuál no tiene escritura”.

Bulmaro Pacheco, un importante político sonorense, conocedor de la problemática, escribió en agosto del año pasado un interesante artículo denominado “Los Yaquis y los presidentes: la historia” donde comentó cómo los presidentes han utilizado este problema para”sacarse la foto” y advirtió, que si el presidente López Obrador quiere dar una solución a este conflicto ancestral, debería partir de un buen diagnóstico, un inventario de liderazgos reales, un buen equipo de trabajo y considerar que los problemas del agua y el territorio requieren de una solución política.

Sin embargo, como el mismo Bulmaro Pacheco mencionó, el gobierno federal hasta ahora no había nombrado representantes estatales del INPI, ni en la SEDATU y en Conagua solo existía un encargado. En los pueblos Yaquis pasa lo que en muchos lugares donde la violencia o los desperfectos surgen: una falta de atención profesional a los problemas nacionales.

Lo que no hace la 4T

De hecho, es importante destacar, como se comentó en el artículo citado, que entre los temas del  Plan de Justicia Yaqui, elaborado por los ocho pueblos, se incluyen asuntos históricos y controversiales relacionados con su territorio, la distribución del agua y los derechos de paso, pero también con los graves problemas de alcoholismo, rentismo de parcelas, educación, diabetes, narcomenudeo, huachicol, agua salada en varios pueblos e índices de mortalidad infantil, en general casi toda su infraestructura se encuentra deteriorada, lo que implica la necesidad de atención de todos los niveles de gobierno en una crisis que por ahora enfrentan los casi 20 mil integrantes de la Tribu.

Crisis de desapariciones

La desaparición y muerte de Tomás Rojo ocurre en un momento en que los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, ha reportado lo que se podría considerar una crisis de desapariciones con más de 88,500 personas no localizadas, más de 4,000 fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar.

Es importante para la administración del presidente López Obrador que el crimen del vocero de los Pueblos Yaquis se esclarezca y no quede impune, que en adelante se le brinde un cause democrático y no demagógico a la lucha social.

Lejos de la manipulación o de la fotopropagandística, lo que se requiere es justicia, trabajo y voluntad política, algo que no ha mostrado la 4T, al contrario lo que cada día vemos es la caída de líderes sociales y el aumento del número de víctimas anónimas y de desaparecidos.