El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, cuyo objetivo principal fue desconocer los comicios presidenciales celebrados ese año, así como deslegitimizar el gobierno de Porfirio Díaz, quien fue reelecto por séptima vez y pretendía dar continuidad a su gobierno instaurado desde 1876.

Dicho Plan señaló una fecha como hoy, 20 de noviembre, para que la población de la República se levantara en armas e instaurara un gobierno provisional que enarbolara los ideales de libertad y justicia, declarando así el inicio formal de la Revolución Mexicana.

Ese movimiento social desembocó en la fundación del Congreso Constituyente de 1917, en el que se plasmaron los más sentidos fines revolucionarios de justicia social, educación pública, libertad y reparto agrario, entre muchas otras prerrogativas.

Aquel Congreso integrado por 218 hombres –la gran mayoría emanados de ese movimiento armado, popular y de carácter social– aportó a la doctrina del constitucionalismo la concepción de los derechos sociales, que representan las más grandes aspiraciones y proyectos que los mexicanos han planteado y contribuyeron no sólo a su sociedad, sino al mundo entero.

En la actualidad, México ha multiplicado casi 8 veces el número de habitantes que tenía en 1917. De 16 millones pasamos a más de 126, dejando de ser una población esencialmente rural para transformarnos en una población urbana, en 79%.

Hoy, a 111 años de distancia del inicio de la Revolución Mexicana, podemos señalar avances importantes. Los grandes problemas que se habían acumulado en materia agraria y laboral durante el Porfiriato se han ido resolviendo. Hoy se está implementando una nueva reforma constitucional en materia del trabajo que pronostica la conformación de un mejor sistema de justicia laboral.

Sin embargo, es necesario reconocer que aún hay tareas aplazadas, pues muchos de los anhelos revolucionarios que nuestra sociedad abrigó desde 1910, siguen pendientes de ser resueltos. Nuestro país continúa padeciendo pobreza, desigualdad social, violencia, corrupción y una insuficiente inversión pública en materia educativa.

El derecho social más importante lo constituye –a mi manera de ver– la obligación del Estado de impartir educación pública de manera general, laica y gratuita, puesto que le otorga el acceso a toda la población al conocimiento y permitió que la educación dejara de ser un privilegio exclusivo de las élites monárquicas, aristocráticas y religiosas.

Gracias a ello, México dejó de ser una nación con mayoría de analfabetas, permitiendo así la construcción de importantes proyectos educativos e instituciones –como la Universidad Nacional Autónoma de México– que han otorgado la oportunidad a millones de mexicanos de salir de la ignorancia y la pobreza.

El derecho a la educación pública fue el gran reto y mérito emanado de la Revolución Mexicana –y consagrado en la Constitución de 1917– que hoy se ha transformado en un derecho humano pleno, que sigue constituyendo el camino seguro para enfrentar de raíz los grandes problemas nacionales.

Y es que la aplicación de recursos financieros en la educación tiene que verse como una inversión estratégica del Estado mexicano para poder impulsar el desarrollo nacional; porque garantizar una educación suficiente y de calidad es la base para lograr el acceso de las personas a un mayor catálogo de derechos humanos, tales como la salud, el trabajo, la cultura y la libertad plena.

Por lo anterior, conmemorar la Revolución Mexicana es también reflexionar para idear un país mejor y más justo. Mirar hacia el futuro para seguir edificando cambios revolucionarios.

Como Corolario la contundente frase del abogado y escritor mexicano Luis Cabrera: “La revolución es la revolución”.