Por José Luis Camacho Acevedo

En la segunda parte de mi conversación con mi amigo Armando Guzmán para AEI Noticias, sostuve que la situación política y judicial de Rubén Rocha Moya continúa evolucionando en una dirección que podría resultar muy complicada para el gobernador con licencia de Sinaloa. A mi juicio, el cerco se está cerrando y cada vez aparecen más elementos que fortalecen las investigaciones que se desarrollan en Estados Unidos.

Uno de esos elementos es la captura de Ernesto Corrales, el único sobreviviente de aquella reunión ocurrida en un exclusivo fraccionamiento donde estuvieron presentes Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Héctor Melesio Cuén y el chofer de este último. Recordemos que Cuén era un abierto adversario político de Rocha Moya.

La relevancia de Corrales radica en que es el único testigo vivo de una historia que todavía tiene numerosos capítulos por escribirse. Su testimonio puede aportar información de enorme valor para las autoridades estadounidenses y complementar la gran cantidad de datos que, según diversas versiones, ya habría proporcionado el general Gerardo Mérida. Por eso considero que la posibilidad de una eventual extradición de Rocha Moya está hoy más cerca de lo que muchos imaginan.

La situación se vuelve todavía más delicada porque Ismael "El Mayo" Zambada ya se encuentra en Estados Unidos. Su traslado y las circunstancias que rodearon ese episodio continúan generando interrogantes y consecuencias políticas. Lo cierto es que las investigaciones siguen avanzando y los expedientes se siguen alimentando.

Pero el caso de Rocha Moya no puede analizarse de manera aislada. Hay otros acontecimientos que están modificando el tablero político y de seguridad en México. Uno de ellos es la ofensiva encabezada por Omar García Harfuch contra las redes del llamado huachicol fiscal.

Desde mi perspectiva, estamos frente a una de las operaciones más importantes emprendidas por el gobierno federal contra las estructuras financieras que alimentan al crimen organizado. Este fenómeno no sólo afecta a México. También preocupa a Estados Unidos porque involucra operaciones binacionales y recursos que terminan fortaleciendo a los cárteles.

Incluso me atrevo a plantear que el huachicol fiscal podría convertirse en una fuente de recursos más importante para algunas organizaciones criminales que ciertos negocios tradicionalmente asociados con el narcotráfico. El volumen de dinero que mueve y las complejas redes de lavado de recursos que genera explican por qué el tema ha adquirido una importancia estratégica para ambos gobiernos.

En ese contexto aparecen personajes, empresarios y operadores que hoy están bajo observación, como los prestanombres de “Andy” López Beltrán. La investigación sobre el huachicol fiscal está alcanzando niveles cada vez más altos y podría arrojar sorpresas políticas de gran magnitud.

Mientras tanto, en Sinaloa ya se produjo el movimiento más importante de los últimos meses: la llegada de una nueva gobernadora. La ex diputada Graciela Domínguez asumió el cargo con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No comparto los argumentos legales que pretenden presentar este relevo como un mero trámite institucional. Lo que vimos fue una decisión eminentemente política. Fue un manotazo de autoridad de la Presidenta de la República. Rocha Moya salió por la puerta giratoria y quedó claro que el presidencialismo mexicano sigue plenamente vigente.

La nueva gobernadora llega con el apoyo de Palacio Nacional y contará con el respaldo del Ejército Mexicano, la Marina y, sobre todo, de la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch. Ese apoyo será determinante en una entidad que sigue enfrentando enormes desafíos en materia de seguridad y gobernabilidad.

Por otra parte, considero que Claudia Sheinbaum ha actuado con prudencia frente a Estados Unidos. Ha demostrado tener la cabeza fría y no tiene ninguna prisa por entrar en una confrontación con la administración de Donald Trump. La Presidenta entiende que la relación bilateral atraviesa un momento complejo y que todavía quedan por delante las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

No sería extraño que el gobierno mexicano espere el resultado de esos comicios antes de tomar decisiones definitivas en asuntos particularmente sensibles. Si los demócratas logran recuperar una o dos cámaras del Congreso, el entorno político en Washington podría modificarse y con ello también algunas presiones sobre México.

Por ahora, la realidad es que Sinaloa ya tiene nueva gobernadora, el gobierno federal ha retomado el control político de la entidad y las investigaciones que involucran a Rocha Moya continúan avanzando. La pregunta ya no es si habrá nuevas revelaciones, sino cuándo aparecerán y qué tan profundas serán sus consecuencias para uno de los episodios políticos más delicados de los últimos años.