A unos días de que México se convierta nuevamente en escaparate internacional con la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México enfrenta una realidad difícil de ocultar: miles de ciudadanos permanecen atrapados en el caos provocado por bloqueos, plantones y una movilidad cada vez más limitada.
La protesta es un derecho que debe garantizarse en cualquier democracia. Sin embargo, cuando una manifestación termina por paralizar zonas enteras de la capital durante días, la discusión deja de centrarse únicamente en las demandas de un grupo y obliga a preguntarnos dónde quedan los derechos de millones de personas que también merecen ser escuchadas.
Trabajadores que pierden horas en el tráfico, comercios afectados, estudiantes que modifican sus actividades y familias enteras obligadas a reorganizar su rutina son parte del costo cotidiano de una crisis que parece no tener fin.
Lo más preocupante no es únicamente la capacidad de presión de la CNTE, sino la incapacidad de las autoridades para ofrecer una solución. Mientras el conflicto se prolonga, el gobierno parece instalado en una lógica de contención permanente, donde nadie toma decisiones y los ciudadanos quedan relegados a un segundo plano.
La administración de Clara Brugada tiene la responsabilidad de garantizar el equilibrio entre el derecho a la manifestación y el derecho al libre tránsito. Hasta ahora, ese equilibrio simplemente no existe. La ausencia de una estrategia clara ha dejado la percepción de una autoridad rebasada por los acontecimientos.
Resulta paradójico que mientras la ciudad se prepara para recibir visitantes de todo el mundo, quienes aquí viven enfrenten crecientes dificultades para desplazarse, trabajar o simplemente llegar a tiempo a sus actividades diarias.
La protesta es legítima. La exigencia de soluciones también. Pero gobernar implica tomar decisiones, incluso cuando son incómodas. Porque una capital no puede convertirse en rehén permanente de ningún grupo de presión, por legítimas que sean sus causas.