Por Héctor Guerrero

La fortaleza de un gobierno se mide cuando llega el momento de decidir cuánto está dispuesto a arriesgar para sostener a los propios. La crisis política que rodea a Marina del Pilar Ávila dejó de ser un asunto exclusivo de la gobernadora de Baja California. 

Tampoco se limita a la cancelación de una visa estadounidense o a las disputas internas de Morena. El caso alcanzó otra dimensión porque las decisiones adoptadas para respaldarla comienzan a comprometer a las figuras más importantes del poder nacional. El problema ya escaló hasta la Presidencia de la República.

Durante meses el oficialismo presentó el asunto como una campaña política, una operación mediática o una ofensiva de adversarios locales. La estrategia parecía sostenible mientras los elementos públicos fueran escasos y las acusaciones permanecieran en el terreno de las versiones periodísticas. 

La aparición de los audios difundidos por Héctor de Mauleón alteró por completo el escenario. Su relevancia radica en que la discusión abandonó el territorio de las especulaciones. A partir de ese momento el debate se instaló en el contenido de las conversaciones.

Las grabaciones muestran a una Marina del Pilar preocupada por su situación frente a autoridades estadounidenses. También reflejan interés por conocer el alcance de posibles investigaciones y por explorar contactos que pudieran ayudarla a resolver la presión que enfrenta. Más tarde la propia gobernadora reconoció la existencia de las conversaciones. Su explicación apuntó hacia una operación política impulsada por el exgobernador Jaime Bonilla. Sin embargo, el reconocimiento terminó desplazando la atención hacia el contenido de los audios.

La controversia dejó de centrarse en la autenticidad de las grabaciones. La atención pública se concentró en las implicaciones políticas de escuchar a una gobernadora hablar sobre investigaciones, contactos en Estados Unidos y posibles vías para mejorar su situación. La discusión adquirió una dimensión nacional. El asunto ya no pertenecía únicamente a Baja California. La conversación comenzó a alcanzar a las estructuras más altas del gobierno federal.

La respuesta de Palacio Nacional llegó rápidamente. Claudia Sheinbaum afirmó que el contenido conocido de las grabaciones no acreditaba delito alguno. Omar García Harfuch sostuvo una posición semejante y descartó elementos que justificaran una investigación penal. Jurídicamente puede tratarse de una postura válida. Políticamente la ecuación resulta mucho más compleja. Cada respaldo presidencial amplifica el costo de cualquier error de cálculo.

Cada vez que la Presidencia sale a blindar a un funcionario cuestionado, el desgaste deja de concentrarse en la persona señalada. La responsabilidad comienza a repartirse entre quienes lo defienden. Ese fenómeno ya ocurrió con Rubén Rocha Moya. Ahora ocurre con Marina del Pilar. La percepción pública resulta inevitable. Antes de que concluyan investigaciones y antes de que las instituciones despejen dudas, el aparato político cierra filas.

La consecuencia también resulta previsible. La narrativa de la narcopolítica encuentra combustible nuevo cada vez que el poder parece más interesado en proteger funcionarios que en esclarecer hechos. La discusión pública deja de girar alrededor de pruebas concretas. El debate se desplaza hacia la percepción de impunidad. Y las percepciones suelen producir más daño político que muchos expedientes judiciales. La erosión comienza a operar de manera silenciosa pero constante.

La paradoja adquiere una dimensión mayor porque ocurre en medio de una presión creciente de Estados Unidos sobre actores políticos mexicanos. Washington insiste en que su combate está dirigido contra los cárteles y las redes que los protegen. México responde reivindicando la soberanía nacional y denunciando intentos de injerencia. Ambas posturas pueden coexistir. Sin embargo, la defensa de la soberanía pierde fuerza cuando aparece mezclada con el respaldo permanente a funcionarios bajo cuestionamiento.

La presidenta tiene razón al defender la soberanía nacional. Cualquier jefe de Estado tiene la obligación de hacerlo. El problema surge cuando esa defensa se confunde con la protección política de determinados personajes. Entonces la discusión deja de ser jurídica. Se convierte en una pregunta profundamente política. ¿Qué cuesta más: sostener a gobernadores cuestionados o establecer una distancia institucional mientras los hechos se esclarecen?

Cada conferencia donde la Presidencia sale a respaldar a Marina del Pilar compromete algo más que la suerte de una gobernadora. Compromete la palabra presidencial. Compromete a Omar García Harfuch. Compromete la credibilidad del discurso anticorrupción. También fortalece la sospecha de que existe una decisión política de proteger determinadas piezas del tablero a cualquier costo.

Quizá ahí se encuentra la clave de todo este episodio. Marina del Pilar dejó de ser solamente Marina del Pilar. 

Rocha Moya dejó de ser solamente Rocha Moya. Ambos representan una parte del legado político construido durante el sexenio anterior. Cada defensa pública parece orientada a evitar que investigaciones, escándalos o señalamientos proyecten sombras sobre la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ese esfuerzo explica buena parte de la cautela gubernamental.

Explica los respaldos. Explica los silencios. Explica las defensas anticipadas. Explica incluso la renuencia a tomar distancia cuando los costos políticos se vuelven evidentes. Pero también revela una debilidad. Un gobierno fuerte permite que las instituciones hagan su trabajo y asume las consecuencias de los resultados.

La situación alcanzó un punto particularmente revelador cuando el oficialismo recurrió nuevamente a López Obrador para enfrentar las presiones provenientes de Estados Unidos. Dos años después de abandonar la Presidencia apareció otra vez como protagonista de una discusión que corresponde a una administración distinta. La imagen posee una enorme carga simbólica. Cuando las crisis obligan a rescatar a las figuras fundacionales del movimiento, el problema suele ser más profundo de lo que se reconoce públicamente. La necesidad de recurrir al expresidente dice más que cualquier discurso.

Y, sinceramente, la carta enviada por López Obrador a Donald Trump aporta poco a la discusión de fondo. Los problemas que hoy enfrenta el gobierno se resolverán —o se agravarán— mediante investigaciones, decisiones institucionales y responsabilidades políticas concretas. Ninguna apelación histórica modificará esa realidad. Todo termina reduciéndose a una pregunta sencilla. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para proteger a los propios?

La factura política de esa decisión crece cada semana. Crece con cada revelación. Crece con cada respaldo anticipado. Crece con cada intento de contener una crisis mediante argumentos políticos. Y crece porque la percepción pública comienza a asociar la defensa de determinadas figuras con la defensa de un legado completo.

 Al final, alguien terminará pagando esa factura. Y difícilmente será quien hoy se encuentra en el centro de la polémica.

Tiempo al tiempo.

@hecguerrero