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Compromisos sociales en Palacio Nacional

por Eduardo Ibarra Aguirre
12-08-2022

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El presidente AMLO adelantó que todos los programas sociales, conocidos como de Bienestar, incrementarán sus partidas presupuestales, a pesar de que hasta dentro de menos de un mes será entregado el paquete económico 2023 a la Cámara de Diputados y dentro de más de un año el de 2024.


No por mucho madrugar amanece más temprano, argüirán sus tenaces y erráticos opositores mediáticos –los más febriles y que persuaden menos–, empresariales –que ponen al servicio de su causa oligárquica cuantiosos recursos– y partidistas que son los que, por desgracia, menos influencia y presencia tienen en las oposiciones carentes de alternativas y, por ello mismo, sin incidencia trascendente. No tienen un proyecto alternativo de nación, pero es pedir demasiado.


Lo que no dicen ni reconocen los personeros de las oposiciones –fachos los llama erróneamente López Obrador, pero subraya que no son violentos– es que varios personeros son los que propalan que las políticas y programas sociales tendrán disminuciones presupuestales.


Por eso en la mañanera del miércoles 10 una colega preguntó por el riesgo de que algunos programas no cuenten con recursos para el siguiente año, y Obrador aclaró: “No hay ningún programa de Bienestar que se quede sin presupuesto. Que la gente sepa, si escuchan que va a haber reducción de presupuesto de los programas de Bienestar, que sepan que es mentira, que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios. ¡Así, categórico!”


A la retahíla de adjetivos en contra de la muy exitosa política social, acaso lo mejor de este gobierno, aunque sería impensable sin el combate a la corrupción y la austeridad republicana, ahora suman la desinformación deliberada que difícilmente tendrá éxito porque regularmente se refrenda la pensión para los adultos mayores y las múltiples becas, los apoyos a las mayoría de los sectores más desfavorecidos.


Dos ejemplos, la firma de un acuerdo con los gobiernos de más de la mitad de los 32 estados, a fin de ampliar la edad para recibir la pensión por discapacidad. Actualmente el gobierno de México brinda ese apoyo a personas con esa condición desde la infancia hasta los 29 años, y con el convenio se extenderá a todos los discapacitados hasta los 64 años de edad. Para ello se dispondrá de 50% de recursos locales y el mismo porcentaje de fondos de la Federación.


El otro es que para 2024 se duplicará la pensión de adultos mayores en comparación con lo que recibían al inicio del programa, además de que la edad para ser beneficiario disminuyó de los 68 a los 65 años.


Todos los programas tendrán aumento presupuestal; “cuando hablamos de pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana es porque no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y vamos a seguir ahorrando, que no haya dispendios”. Suena bien, mas tampoco es recomendable exagerar la nota con el funcionariado gubernamental y menos todavía mezclar las políticas públicas –como se dice ahora, aunque el jurista tricolor Diego Valadés aclara que todas las políticas son públicas–, con plausibles valores religiosos, menos en un país con 9.48 millones de personas que declararon no tener ni profesar ninguna creencia, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, cifra que equivale al 7.52% de la población nacional.


Mas lo sustancial es que la política y los programas sociales no solamente se mantienen sino que crecerán en cuanto a las partidas del presupuesto y el número de beneficiarios. Enhorabuena.