Hablar de la cultura política de una sociedad es referirse al conjunto de conocimientos, creencias, usos y costumbres, etc. de esa comunidad en relación con ciertos aspectos específicos de la vida colectiva como los políticos, es decir, cómo percibe su población el universo de relaciones que tienen que ver con el ejercicio y la distribución del poder y cómo las asume; su adhesión o apego hacia el conjunto de instituciones y acciones concretas que orientan dicho comportamiento.
Durante las últimas tres, quizá cuatro décadas, la sociedad mexicana ha sufrido una enorme transformación en su cultura política, pues pasamos de una concepción parroquial o tradicional, donde los individuos no se conciben como capacitados para incidir en la vida política, transitamos por la cultura de súbdito o subordinado del gobierno y estamos construyendo y tratando de consolidar una cultura política participativa, donde los ciudadanos tienen conciencia del sistema político y saben que pueden influir en las decisiones públicas.
Esto ha sido evidente con la competencia electoral, cada vez más intensa, y las múltiples y diversas alternancias en todos los ámbitos de poder y en todo el país. Sin embargo, debemos tener claro que la democracia electoral es solo una parte de la democracia política, y que ésta, por sí sola, no resuelve los demás problemas de carácter económico, social y cultural en general. Derivado de ese desconocimiento y en ocasiones manipulación, además de otros factores, es como se presentan desencantos sobre la democracia, con la aparición de escenarios que pueden generar condiciones para la regresión autoritaria.
Por otro lado, el término clase política se utiliza para designar al conjunto de personas que por su posición en ciertas organizaciones (gobierno, partidos políticos, grupos de presión, empresariales, sindicales, administraciones públicas y privadas, etc.), o por otras características, como la autoridad, la riqueza o las capacidades personales, ejercen poder e influencia en las decisiones políticas de un país.
Para que un sistema político democrático sea considerado como tal, es necesario que en la sociedad permee una cultura política participativa, exigente, demandante, en suma, democrática, pero también una clase política seria, responsable, que rinda cuentas, que sea ejemplo de cumplimiento de los principios y valores democráticos, como el respeto, la tolerancia y el cumplimiento del Estado de Derecho y la legalidad, entre otros.
Con altibajos y algunas distorsiones, en general la sociedad mexicana ha estado cumpliendo con el papel que le corresponde en ese cometido, sin embargo, de la clase política nacional no podemos decir lo mismo.
El INE, en el ejercicio de su facultad fiscalizadora, la semana pasada, hizo evidente tal situación, al imponer multas a todos los partidos políticos nacionales, algunos locales y candidatos independientes por más de mil 200 millones de pesos, además de otras sanciones.
Dijo el consejero presidente Lorenzo Córdova: “lamentó que, pese a que se han invertido recursos para capacitar a partidos políticos para que erradiquen conductas que impiden la transparencia y la rendición de cuentas, siguen queriendo engañar a la autoridad electoral y mentirle a la sociedad mexicana”. Llamó a las fuerzas políticas “a erradicar esas trampas administrativas” y a que “con nuevas prácticas contables, proselitistas y financieras puedan contribuir a la sustentabilidad de la democracia en los próximos años”.
La atención mediática se ha centrado en las multas impuestas al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, a su esposa, la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, familiares que triangularon recursos para su campaña, y a su partido, Movimiento Ciudadano; así como al partido Verde, por la contratación de más de 100 influencers, los cuales hicieron propaganda en favor de ese partido, el día previo y el de la jornada electoral en plena veda electoral; pero poco se ha ventilado que el partido en el poder, Morena, es el más multado, con más de 373 millones, se impuso multas mayores a los 100 millones a dos partidos recién creados y que no podrán conservar su registro, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, así como al PRI, más de 93 millones, al PAN más de 88 y al Partido del Trabajo, casi 86. Y así al resto de partidos y algunos candidatos independientes.
Resulta por demás paradójico que los partidos políticos, como parte central de la clase política y como principales hacedores de las leyes en los congresos, sean exhibidos como los principales violadores de algunas de ellas, como las electorales y en materia de fiscalización. Es grotesco y lamentable que algunos de ellos hagan hasta el cálculo presupuestal previo, de cuanto les impondrán en multas, que además las pagan con recursos públicos, comparado con el beneficio político y presupuestal que obtendrán, y con ese tipo de sanciones, el saldo les resulta sumamente favorable.
Aplicar las sanciones máximas, como la cancelación del registro para el partido Verde, como ya se pidió una vez y se está volviendo a solicitar, por la reiteración de las conductas, no tiene consenso, por ahora, dentro del Consejo General del INE, y solo se le agregó a la multa, la cancelación de sus spots en radio en televisión por un año. Por otra parte, para anular elecciones, en los actuales supuestos, se requieren dos condiciones: rebasar los topes de gastos en más del 5% establecido y que la diferencia con el contendiente en segundo lugar sea al menos el 5% de la votación, y para el caso de la elección de la gubernatura de Nuevo León, se puede dar la primera condición, pero la segunda no. Sanciones de esa magnitud parecen necesarias, pero ya veremos si las autoridades se atreven a tomarlas. Las determinaciones finales serán del Tribunal Electoral Federal.
La clase política partidista con estos ejemplos nos está mostrando sus miserias y su poco apego a la consolidación de una cultura democrática. Por tanto, es el turno de la sociedad y del resto de los actores políticos.
