Lo menos que se puede decir es que es un exceso la denuncia contra los seis consejeros del INE que votaron por la posposición de la consulta de revocación de mandato. La denuncia la presenta el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna. Los consejeros denunciados son:

•     El presidente del INE Lorenzo Córdova
•     Ciro Murayama
•     Dania Ravel
•     Jaime Rivera
•     José Roberto Ruiz
•     Beatriz Claudia Zavala

Se les acusa de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y otros delitos en agravio del servicio público por incumplir los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Tal pareciera que la comparecencia ante la Cámara del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dejó secuela que se ha procesado con la peor entraña. La mayoría morenista no digiere la peor derrota moral y política derivada del evento. Quedó evidente la necesidad de aportar recursos para financiar lo que el mismo partido de la mayoría se ha propuesto a contrapelo de todos: la realización de la consulta para la revocación de mandato. La mayoría resolvió no dar los recursos y el INE, además de impugnar ante la Corte la decisión, resolvió posponer la consulta hasta que no se obtenga el financiamiento necesario.

Es una paradoja que en el país de la impunidad el poder político, en buena parte responsable de ello, resuelva irse por la justicia penal a manera de resolver las diferencias de orden institucional. El retroceso es monumental. La justicia no es un medio para la política. Ciertamente, hay diferencias entre el presidente López Obrador y el INE, consecuentemente, entre la mayoría morenista en la Cámara, su partido y el INE. En todo caso hay dos instancias para dirimir las diferencias: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No es aceptable, civilizado ni razonable que se opte por la acción penal como recurso político. Bien se sabe que el procedimiento llevaría mucho tiempo, además de que los consejeros tienen protección procesal, por lo que se requiere del llamado juicio de procedencia. Queda en manos de la Fiscalía General de la República lo que pueda suceder hacia delante. Tener en jaque a consejeros independientes es una forma de inhibir la autonomía del órgano y la libertad de sus integrantes.

Es evidente que la intención del presidente y de su partido es amedrentar a los consejeros. Es un acto de intimidación propio del autoritarismo. El tema no es la revocación de mandato, sino violentar la autonomía y la independencia del INE de cara al proceso electoral de 2024. Por lo mismo, es un acierto que el conjunto del Consejo General del INE cierre filas ante sus pares, independientemente de la postura que cada cual tenga al respecto. Ahora son ellos, mañana… cualquiera.

Lo mismo vale para la pluralidad política, los medios, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil. No se puede hacer de la justicia penal el medio para dirimir diferencias, especialmente cuando la acción se origina en el mismo poder y la intencionalidad política es evidente.

En el Senado se ha disparado la indignación de todas las fuerzas políticas por la manera como el gobernador de Veracruz ha recurrido a la justicia penal para someter a sus adversarios, incluso a los que compiten con él desde su propio partido. Ya antes se vivió el intento de inhabilitar como candidato presidencial al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, en el gobierno de Peña Nieto, se pretendió anular judicialmente al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya por un caso que fue aclarado y desechado.

Es hora de hacer un alto en el camino y entender que es una perversidad de la política cuando desde el poder se utiliza a la acción penal a manera de resolver diferencias o la misma competencia por el poder.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto