La reforma constitucional para que el poder judicial sea elegido por voto popular solo puede leerse de una manera: un intento por destruir el único poder del Estado que el obradorismo no ha logrado capturar y que, por el contrario, ha servido de contención para las intenciones de violar la Constitución y la ley una y otra vez por parte del Presidente López Obrador.

En cualquier democracia sólida, el poder judicial garantiza el cumplimiento de la constitución por parte del legislativo y el ejecutivo. De esta manera evita que cuestiones políticas atenten contra los derechos, en particular de las minorías, pues al garantizar el respeto a sus derechos y a la ley establecida en la Constitución, se evita que se impongan los deseos de las mayorías. En una democracia sólida, los esfuerzos por contener acciones autoritarias pasan por el respeto al marco constitucional y a la división de poderes.

Por eso llama mucho la atención que, tras los constantes ataques del presidente López Obrador, ahora que en la próxima legislatura habrá una mayoría calificada de Morena y sus aliados, se esté impulsando esa reforma al poder judicial que tiene como fondo la elección por voto popular de 1600 magistrados y jueces federales, bajo fórmulas que, si bien establecen que los partidos políticos no pueden hacer promoción, dejan una sensación de que al final serán las estructuras partidistas las que determinen quién tendrá más votos.

Varios ministros de la suprema corte de justicia se han manifestado en contra de esta idea. Incluso ministros propuestos por López Obrador, como Alcántara y Rios Farjat, han señalado que para ser magistrado o juez hay un proceso meritorio que implica la formación profesional y la demostración de experiencia y conocimiento acumulado a lo largo de muchos años. Lo que garantiza la imparcialidad es que quienes ocupan esos lugares son personas que compitieron por el puesto, demostrando amplio conocimiento y manejo del derecho.

Ahora, la propuesta presidencial plantea que quienes aspiren a ser juzgadores, hagan campaña. Que cualquiera que cumpla los requisitos mínimos podrá hacerlo para ocupar un lugar en el poder judicial federal.

Por donde se vea, la intención es clara: lograr un poder judicial disminuido, menos capacitado y con poca capacidad de maniobra, contaminado por la política e influenciado por intereses partidistas que permitan que la agenda anticonstitucional del obradorismo se imponga. No hay más.