Por Karla Pulido
Pagar con el celular es cómodo y rápido. Pero ¿qué ocurre cuando deja de ser una opción y se convierte en requisito para comprar, vender o trasladarse? El debate sobre el futuro del efectivo ya dejó de ser hipotético en América Latina.
Uruguay ofrece un ejemplo. El Decreto 238/026, publicado el 8 de octubre, reglamentó límites al uso de billetes en determinadas operaciones: permite pagos en efectivo hasta 200 mil unidades indexadas o, de manera alternativa, hasta el 5% del valor de la operación, con un tope de 450 mil unidades indexadas. No desaparece el efectivo, pero se restringe en transacciones de mayor monto.
La intención es mejorar la trazabilidad del dinero y dificultar operaciones ilícitas. El objetivo parece razonable; la pregunta es hasta dónde debe llegar el Estado al regular la manera en que las personas gastan recursos obtenidos legítimamente.
En México, el debate adquirió fuerza con la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre. Su artículo 13 permite que Hacienda determine sectores y actividades donde los pagos digitales sean la única modalidad admitida, con reglas de transición y excepciones ante contingencias. No es una prohibición general de los billetes, pero sí abre la puerta a obligaciones sectoriales.
El Gobierno ha mencionado a las gasolineras y las casetas de peaje como espacios para impulsar esta transformación. La digitalización puede reducir filas, facilitar registros y contribuir a combatir la evasión. Sería un error negar esas ventajas; también lo sería ignorar sus costos sociales.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI muestra la distancia entre regiones: para compras superiores a 500 pesos, el efectivo era frecuente entre el 82% de la población adulta del sur, frente al 55.2% de la Ciudad de México. No todos tienen las mismas opciones bancarias, conectividad o habilidades digitales.
Pensemos en una persona mayor que no usa aplicaciones; en el pequeño comerciante que paga comisiones por cada cobro; o en el automovilista que llega a una caseta sin señal. Si una plataforma falla, nadie debería quedar sin posibilidad de pagar un servicio esencial. La inclusión financiera no se impone por decreto: requiere infraestructura y alternativas reales.
Existe, además, una preocupación legítima sobre la privacidad. Cada transacción digital deja datos sobre nuestros hábitos y movimientos. Prevenir delitos exige controles, pero también reglas claras para proteger esa información y evitar su uso desproporcionado.
México necesita pagos electrónicos accesibles, conectividad confiable, comisiones razonables, mecanismos de atención ante fallas y protección de datos. Antes de obligar, las autoridades deben demostrar que el sistema funciona para todos, incluso para quienes hoy viven fuera de la banca.
Uruguay muestra que limitar el efectivo no equivale a eliminarlo; México empieza a definir dónde podrá exigirse otra forma de pago. La discusión no es tecnología contra billetes, sino eficiencia frente al derecho a elegir. Porque modernizar la economía debería ampliar nuestras libertades, no reducirlas.
